El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.
El Gobierno español dio luz verde a una nueva normativa que completa la reforma laboral aprobada hace un año y con la que busca introducir una mayor flexibilidad en el ámbito laboral español para facilitar la creación de empleo. Las nuevas normas aprobadas hoy atañen especialmente a la regulación de la negociación colectiva entre las empresas y los representantes de los trabajadores.
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El Consejo de Ministros dio la luz verde a la nueva reforma después de que la patronal y los sindicatos mayoritarios fracasaran en las negociaciones para consensuar las nuevas reglas. Ninguna de las partes se declaró satisfecha con el texto aprobado por el Ejecutivo.
Para el Gobierno, el objetivo buscado con esta reforma es "dar más flexibilidad a las empresas" para que puedan hacer modificaciones sin recurrir al despido, afirmó el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que compareció ante la prensa para explicar el contenido del documento aprobado.
La Unión Europea y organismos internacionales han señalado la gran rigidez del mercado de trabajo español como un escollo para la creación de empleo. España sufre un elevado incremento de las tasas de desempleo hasta llegar a más del 20 por ciento de la población activa en la actualidad, lo que supone casi cinco millones de personas sin un puesto de trabajo.
La reforma aprobada hoy reduce los plazos máximos de renovación de los convenios laborales y establece el arbitraje para los casos en que no sea posible el acuerdo entre las partes. Según el ministro de Trabajo, es una reforma "equilibrada y profunda", que da más flexibilidad a las empresas para cambiar las condiciones de trabajo y evitar el recurso a los despidos, al tiempo que mantiene los derechos de los trabajadores. El documento aprobado fija, entre otras cosas, el plazo máximo para renovar un convenio colectivo entre 8 y 14 meses.
Si no hay acuerdo, las diferencias se llevarán a las comisiones paritarias de las empresas (formadas por los representantes de los trabajadores y del empresario) y si tampoco es posible el consenso sindicatos y compañía irán "obligatoriamente" al procedimiento de arbitraje de un tercero, precisó el ministro. Para el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, la reforma se basa en un "equilibrio sustantivo" entre la flexibilidad que necesitan las empresas para crear empleo y la seguridad de los trabajadores. Pero, tanto la patronal agrupada en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), consideran necesario mejorar el texto.
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