Un día después de las masivas manifestaciones en el marco de la huelga general celebrada en contra del plan de reforma laboral, el Gobierno español aprobó el presupuesto para este año, el cual contempla un ajuste entre ingresos y gastos de más de 27.000 millones de euros; es el mayor recorte de la democracia ibérica.
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El anuncio estuvo a cargo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. "Los ministerios tendrán una reducción media de un 16,9 por ciento", señaló la fucionaria y aseguró que "se trata de ajustar más de 27.000 millones por la vía de los ingresos y por la vía de los gastos".
La vicepresidente aludió a la situación "límite" de la economía española, con más de cinco millones de desempleados, para justificar unos duros presupuestos que incluirán un congelamiento de los salarios de los empleados públicos y medidas de carácter fiscal para aumentar los ingresos.
"Estamos ante una situación límite", reconoció la portavoz del gobierno al término del Consejo de Ministros, y agregó que "nuestra primera obligación es volver a encontrar unas cuentas públicas saneadas".
España se ha comprometido a reducir de aquí a fines de 2012 su déficit público de 8,51% a 5,3% del PIB. Este objetivo será alcanzado "pero no a cualquier precio", advirtió, recalcando la necesidad de "apoyar a aquellos que más lo necesitan y a no paralizar el crecimiento y la creación de empleo", en un país con una tasa récord de desempleo (22,85%).
Es por ello que "se ha tomado la decisión de mantener la actualización de las pensiones, conservar el sueldo de los funcionarios pero no rebajarlos, mantener las prestaciones por desempleo y mantener el gasto social como las becas", explicó.
También dijo que no se va a subir el impuesto sobre el valor agregado "para no perjudicar el consumo y la recuperación económica" pero sí el impuesto de sociedades a las grandes empresas
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