Gobierno todavía busca evitar el cierre de LAPA

El ministro de la Producción, Aníbal Fernández, relativizó ayer en declaraciones radiales versiones surgidas aparentemente de su propia cartera, según las cuales se reflotaría a la empresa estatal Lade para que se hiciera cargo parcialmente de las rutas y del personal de LAPA.

El trascendido, que parece haber buscado efecto en la campaña electoral, no tiene relación con la posibilidad real del Estado de pagar cuotas de «leasing» en dólares por los aviones, además de que implicaría volver a la práctica fuertemente cuestionada en el pasado de estatizar empresas en quiebra y, en este caso, sin viabilidad económica.

En sus declaraciones públicas, Fernández sólo anunció que el gobierno presentará «una denuncia penal por estafa» contra los directivos de LAPA por haber vendido 16.000 pasajes «cuando la empresa no tenía capacidad para operar».

Fuentes oficiales también aseguraron que el gobierno pidió el viernes la intervención total de LAPA al juzgado donde se tramita el concurso preventivo, luego de que la jueza a cargo designó dos coadministradores el miércoles pasado que no aceptaron el cargo.

Fernández indicó también que es «impensable que haya una solución rápida» para que LAPA vuelva a operar. Ratificó que el Estado «no va a poner ni un centavo» para la reactivación de la empresa, que dejó de volar hace una semana, como consecuencia de una grave crisis económica, y también de un fuerte conflicto entre los accionistas que no quisieron aportar dinero para los gastos corrientes, en particular, el combustible.

Todo indica que la accionista mayoritaria, la empresa boliviana privada Aerosur, intentó en un primer momento, durante la Semana Santa, cuando no compró el combustible para volar, forzar al gobierno a definir un subsidio para ese producto, y a subir el piso de las tarifas de referencia para los pasajes, para poder competir con Aerolíneas Argentinas, que ya tendría 82% del mercado de cabotaje. Pero el ministro Roberto Lavagna negó el otorgamiento del subsidio, y al mismo tiempo se hizo evidente un fuerte conflicto entre los accionistas que impidió a los ministros Fernández y Graciela Camaño, proclives a pelear por la subvención, encontrar un interlocutor válido en la compañía.

El presidente de la empresa, Mario Folchi, dueño de 22% de las acciones, que en apariencia serían también de Aerosur, dijo ya el lunes pasado que iba a pedir la quiebra de la empresa. La idea de Folchi sería que, una vez quebrada, la empresa podría conseguir aportes de capital.

El ministro Fernández, la solución pasa «por comprender la situación de los trabajadores (unos 850) y que no queden monopolios en las rutas aéreas». Por su parte, el titular del sindicato de técnicos aeronáuticos (APTA), Ricardo Cirielli, informó a los trabajadores que «no se los repartirá entre otras empresas».

Al último encuentro convocado el viernes por el gobierno con empresarios y sindicalistas fue invitado Eduardo Eurnekian, quien fue dueño de LAPA hasta julio del año pasado, cuando debió desprenderse de ella por una decisión de la Secretaría de Defensa de la Competencia.

Se especula con que el gobierno le pediría a Eurnekian que vuelva a ingresar en LAPA, aun cuando se cree que todavía tendría una parte mínima de las acciones, para que, tras la quiebra, realice un aporte de capital. Esa salida sólo se ve como posible si el gobierno logra subsidiar el combustible y dar otro tipo de alivio (como rebajas impositivas) que permita a LAPA ser viable económicamente.