Insiste el Fondo en medidas a Lavagna

El Fondo Monetario redujo parcialmente las exigencias técnicas para llegar a un acuerdo final con la Argentina. Desapareció del borrador de la carta de intención, por ejemplo, la obligación de que las provincias rescaten cuasi monedas. Tampoco se hace mención explícita al nivel que deberían alcanzar las tarifas de los servicios públicos.

«Como se está encarando un acuerdo que tendrá sólo ocho meses de duración, quedaron eliminadas todas las cuestiones estructurales que comprometían originalmente el gobierno hasta diciembre de 2004», explicó una alta fuente del equipo económico.

Pero el cierre exitoso de las negociaciones depende ahora de dos cuestiones centrales: el fallo de la Corte respecto de la redolarización y el cierre de la discusión en torno del denominado «artículo 4°» (el informe final que cada año hace el Fondo sobre la economía argentina).

• Acercamiento

Aunque todavía existen discrepancias respecto de las proyecciones efectuadas por el organismo, se estima que no habría inconvenientes para acercar posiciones.

Además, entre los puntos en los que existe discordia figuran, por ejemplo, el monto de reservas que el gobierno podría aplicar para intervenir en el mercado monetario.

El 8 de enero se transformó en la nueva fecha clave en las negociaciones con el Fondo Monetario. Ese día, el directorio del organismo mantendrá la primera reunión formal del año y se espera que haya un aval político para que se cierre el acuerdo.

La puntada final, si no se producen nuevos contratiempos, la dará una nueva misión del FMI que llegaría a la Argentina pocos días después para definir la «letra chica» de la carta de intención.

El texto de la nueva carta, que ahora contiene medidas mucho menos específicas que las negociadas originalmente, incluye -entre otros- los siguientes puntos:

• Reestructuración del sistema financiero: el objetivo primordial es que retorne la confianza del sistema. A mediados de enero -se dispone- el gobierno deberá llamar a una licitación para la elección de una consultora internacional que estudie a fondo el estado de la banca pública. Hará un diagnóstico y aconsejará los pasos a seguir, pero será responsabilidad del nuevo gobierno definir si prefiere o no respetar ese dictamen.

• Negociación de la deuda pública: también se pone énfasis en la necesidad de acelerar las negociaciones con los acreedores privados, pero sin fechas precisas. El único compromiso del gobierno es tener elegido al asesor financiero en enero, un proceso que ya está en marcha (se presentaron siete interesados).

• Monitoreo de las cuentas públicas: permanece el compromiso de superávit primario 2,5% del PBI para todo 2003, aunque su cumplimiento caería fuera de este acuerdo. Habrá monitoreos cada dos meses del Fondo para comprobar que se está cumpliendo con las pautas presupuestarias. No se exigirá a las provincias el rescate de cuasi monedas (no habrá dinero fresco del FMI para esto), pero sí que dejen de emitir más bonos propios.

• Liberación gradual del control de capitales: tampoco hay un detalle de tiempos ni de medidas. Pero tanto en Economía como en el BCRA ya existía la intención de ablandar las restricciones para el movimiento de capitales una vez que se cierre el acuerdo con el FMI. Permitirían pagar intereses y girar dividendos al exterior sin necesidad de solicitar permiso al Central.

• Refinanciación de vencimientos: el acuerdo no incluye dinero fresco. Sólo refinanciar los vencimientos que se produzcan hasta agosto con organismos multilaterales (por unos u$s 7.300 millones). Aquí ingresan también los u$s 725 millones impagos al Banco Mundial desde noviembre.

De acuerdo con lo que quedó definido tratar para la reunión del 8 en Washington, el acuerdo tendrá la característica de «transitorio». Se prolongará sólo durante ocho meses, o sea, hasta fines de agosto. Se trata de una salida «sui generis», ya que la duración de los acuerdos de stand-by clásicos con el Fondo nunca es inferior a un año.

La intención de cerrar todo para el 15 de enero obedece a una motivo simple: el 17 del mes próximo la Argentina debe pagar u$s 985 millones al FMI por el vencimiento de una deuda. Si no lo hace, caería en default total con los organismos, ya que al Banco Mundial se le sumarían el Banco Interamericano de Desarrollo -vencen u$s 700 millones a mediados del mes próximo- y el FMI.