20 de mayo 2021 - 00:00

Jubilaciones: más de mitad del gasto estatal va a regímenes especiales

Son 177 regímenes que tienen sus propias reglas y beneficios; llegan al 40% de los jubilados, pero implican más gasto estatal que el régimen general de Anses, porque sus haberes son un 85% más altos.

Beneficio para jubilados y pensionados.

Beneficio para jubilados y pensionados.

Ignacio Petunchi

El pago de jubilaciones y pensiones alcanza el 12,8% del PBI, con 9,4 millones de beneficios. De ese monto, más de la mitad se destina a regímenes diferenciales, como las jubilaciones del Poder Judicial o las cajas que manejan las provincias, que tienen sus propias reglas y beneficios. Ese gasto estatal llega al 7% del PBI, y alcanza al 40% del total de los beneficios, dado que llega a 3,7 millones de personas. Esto ocurre dado que los haberes son hasta 85% superiores al promedio del sistema general, al que se destina menos de la mitad del gasto (45,4%), pero que llega a 5,7 millones de jubilados.

Así se desprende del informe “Los regímenes previsionales de excepción en Argentina”, elaborado por el economista Rafael Rofman, de Cippec. Por fuera del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que gestiona Anses y se actualiza en base a una ley previsional, hay otros 177 regímenes, con sus propias leyes. Allí se encuentran los regímenes especiales (también llamados de privilegio), las cajas provinciales, las de las fuerzas de seguridad, y las pensiones no contributivas, que llegan a expresidentes, curas y hasta deportistas.

“En la última década, el número de jubilados bajo el régimen general de Anses se mantuvo estable, pero la cantidad de personas beneficiarias bajo regímenes especiales aumentó más de un 40%”, describió el documento. El haber promedio del régimen general es de $21.212, mientras que el del régimen de excepción es de $39.001. El haber promedio más alto se da en el régimen del poder judicial, siendo de $292.278.

El régimen que implica mayor gasto entre todos los excepcionales es el que abarca a los esquemas provinciales, que implica un gasto del 2,5% del PBI, y llega a 812 mil beneficios. Abarca a los trabajadores del sector público provincial y municipal. Si bien a partir de los noventa comenzó a transferirse al régimen general y nacional, 13 provincias mantuvieron sus esquemas hasta la fecha. La provincia con mayor cantidad de personas jubiladas con este régimen es Buenos Aires, con más de 300 mil, mientras que el haber medio más alto se paga en Chubut, y supera los $80 mil.

En todos estos 177 regímenes excepcionales, el que tiene mayor cobertura es el de las pensiones no contributivas, que alcanza a 1,6 millones de personas. Allí se encuentran las de invalidez, madre de más de 7 hijos, ex combatientes de Malvinas, Puam, expresidentes, jueces de la corte, premios Nobel y olímpicos, sacerdotes o familiares de desaparecidos. De todos modos, el gasto en el PBI llega al 1,1%, debido a que la pensión no contributiva más extendida es la de invalidez, cuyos montos son bajos y por ende su impacto fiscal es menor. Hace 15 años, el número de pensiones no contributivas era de 350 mil. El crecimiento se dio por el aumento de las pensiones por invalidez, que pasó de 90 mil a más de 1 millón.

El gasto estatal en los regímenes especiales, también llamado de “privilegio”, es similar al de las pensiones no contributivas, pese a que llega a tan solo a 263 mil personas. Esto ocurre porque dentro de este régimen se encuentran los jubilados del Poder Judicial y del Servicio Exterior, con haberes de hasta diez veces más que en el régimen general. Entre las ventajas está contar con menos de 30 años de servicio, y acceder a una jubilación del 82% del último cargo.

En diálogo con Ámbito, Rofman aseguró que está de acuerdo con la presencia de algunos regímenes especiales, como los que son para trabajadores de envejecimiento prematuro. También en Europa y América existen cajas diferenciadas para trabajos como las fuerzas armadas. Sin embargo, opinó que los regímenes de excepción deberían ordenarse y tender a unificarse con el régimen general. “Los cambios del año pasado en el poder judicial y en embajadores fueron en la dirección correcta, pero hay muchos otros que tienen que modificarse, y nadie quiere pagar el costo político”, afirmó.

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