Al candidato lo votarán sólo en Capital, pero el gobierno involucró al país entero en la campaña. Por ello, la administración Kirchner cerrará la próxima semana un acuerdo con 12 provincias, entre ellas Buenos Aires, por el cual enviará unos $ 700 millones hasta fin de año para garantizar que se pague el mínimo de $ 1.040 para los docentes públicos. Así se busca aplacar la polémica desatadapor la decisión de aumentarles a los maestros,una medida impulsada para intentar poner en el primer plano la candidatura del ministro Daniel Filmus. Pero además, y como se comenzarán a negociar alzas para el resto de los docentes, ya se calculan otros $ 800 millones. Resta solucionar la situación del sector privado. Para esto se prepara un especialista: Guillermo Moreno.
El gobierno nacional tendría ya previsto enviar unos $ 700 millones para garantizar en 12 provincias, incluyendo Buenos Aires, el pago del nuevo salario mínimo para los docentes, medida que alcanzaría a unos 300.000 maestros. Pero, además, el Ministerio de Economía que dirige Felisa Miceli estaría preparando otros $ 800 millones para atender los incrementos salariales que podrían negociarse con gremios de docentes en todo el país, discusiones que comenzarían en marzo. Con este dinero, en total unos $ 1.500 millones, el Ejecutivo nacional quiere terminar con la polémica generada con el anuncio de la suba de 840 a 1.040 pesos para los salarios de los docentes de todo el país, al menos para el caso de los docentes de colegios públicos, que en total suman un millón de trabajadores.
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Según los cálculos fiscales que terminaron de elaborarse y se giraron ayer desde Economía a Presidencia, los $ 700 millones que hasta diciembre de 2007 se destinarán a garantizar el pago del mínimo de 1.040 para los docentes se dividirán en $ 300 millones exclusivamente para la provincia de Buenos Aires (donde se deberán atender unos 300.000 maestros) y unos $ 400 millones para 11 provincias: Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Misiones y San Juan. En el primer caso, se trataría de un acuerdo fiscal «entre el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires que maneja Felipe Solá», según una alta fuente del gobierno. En otras palabras, figurará como un movimiento contable «tipo préstamo». Diferente es la situación de las gobernaciones, ya que el dinero que se enviará figurará dentro del marco de la ley de financiamiento a provincias, que obliga al Estado a sostener este tipo de incrementos salariales para los docentes cuando se deciden a nivel nacional y no pueden ser atendidos por las 11 administraciones del listado.
En el caso de las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén), no necesitarían giros ya que los salarios de los docentes estarían por encima de los 1.040 pesos, mientras que se negociará con Córdoba y Mendoza, dos gobernaciones que pagan algo menos que el nuevo mínimo. En estos casos, se hablaría con las provincias para que «realicen el esfuerzo fiscal necesario para pagar el mínimo». Por su parte, Santa Fe y San Luis están ya abonando más que los 1.040 pesos mensuales a sus maestros, al menos según los datos oficiales de Economía. Capital Federal ya estaría pagando también por encima del nuevo mínimo.
Se reconoce dentro del gobierno de Néstor Kirchner que esta ayuda de $ 700 millones hasta fin de 2007 deberá reforzarse cuando en marzo se discutan los nuevos convenios del sector en todo el país, y que amenazan con implementar un incremento similar a 24%. Es obvio que a partir de esta decisión, los gremios que agrupan a los docentes, especialmente la CTERA de Hugo Yasky, buscarán el próximo mes un alza importante de los salarios de los maestros de todo el país. El gobierno reconoce también que cuando esto suceda, nuevamente las provincias entrarán en crisis fiscal por no poder hacer frente a estos incrementos. Como esta situación se dará entre marzo y abril, el problema amenaza incluso el inicio de las clases, y en Presidencia no quieren que el tema se desborde. Para esto, se están calculando entre 700 y 800 millones de pesos para atender las nuevas necesidades de giro de fondos para las provincias. En este caso no sólo estarían involucradas Buenos Aires y las 11 gobernaciones que recibirán ayuda en los próximos días, sino que Santa Fe, San Luis, Córdoba y Mendoza se sumarían al listado.
Desde Economía se aseguraba ayer que fiscalmente no habría problemas para hacer frente a los $ 1.500 millones más que deberían gastarse este año en el capítulo docente. Por ahora, la recaudación está creciendo a un ritmo de 23%, cuando el Presupuesto hablaba de no más de 13%. Esta situación abarca únicamente a los docentes que trabajan en establecimientos públicos, administrados tanto por la Nación como por las provincias. En marzo, y tal como anticipó este diario, al gobierno se le abre otro frente de conflicto: la situación de los docentes privados. Como esta negociación incluye el problema extra de la presión inflacionaria, para discutir este capítulo el gobierno tiene preparado un enviado especial: el polémico secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. La inclusión de este funcionario en la disputa de los docentes privados no busca que no haya aumentos en los salarios. Tampoco que no haya incrementos en las cuotas. La misión de Moreno es que esa alza no se traslade a las mediciones del INDEC.
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