Piense en un país que tiene como una de sus banderas la lucha contra laevasión y la transparencia de todos los actos que lleven adelante losfuncionarios.
Ahora, imagínese que el ministro de Economía de ese país no paga susimpuestos, a tal punto que la entidad rectora fiscal le exige, a través de unaboleta de deuda, el cumplimiento de sus obligaciones.
Además, piense que el funcionario llegó a la instancia de ejecuciónjudicial de la deuda porque no atendió los sucesivos reclamos del Estado paraque ponga al día las cuentas. Ese país es la Argentina y el ministro que no pagasus impuestos en término y en los plazos legales es José Luis Machinea.
El 30 de setiembre de 1999 la AFIP (Administración Federal de IngresosPúblicos), agencia Olivos, le envió al titular del Palacio de Hacienda unabole-ta de deuda en la que reclamaba el pago del adelanto de Impuestos a laGanancias por la suma de 3.931,45 pesos.
El ministro, entre promesas de campañas y a 25 días de que la Alianzaganara las elecciones del 24 de octubre, se olvidó de darle el dinero a sucontador o acercarse hasta la agencia de la AFIP para regularizar su situaciónante el fisco.
Por esa época ya se sabía que Fernando de la Rúa sería el próximopresidente argentino y que José Luis Machinea ocuparía el Ministerio deEconomía. O sea que Machinea ya no era un simple contribuyente más que olvidócumplir con sus obligaciones. Una semana antes de asumir el cargo reciénconsideró que era el momento de saldar su deuda con el Estado.
El pago del Impuesto a las Ganancias figura en la lista de prioridadesde la ex DGI. Machinea tiene el privilegio de ser considerado por el Estadocomo un contribuyente de privilegio. Esto permite que su nombre y su situaciónfiscal estén encriptados en las computadoras de todas las delegaciones del paísde la AFIP, lo que impide acceder a los datos. Resguardo a la privacidadimpositiva de la que no goza la mayoría de los argentinos.
Gestión judicial
A pesar de estos privilegios, el incumplimiento de Machinea llegó a unpunto en que las autoridades impositivas no tenían otro camino que actuar.
El organismo recaudador de impuestos le envió una nueva intimación, enla que le recordó que «un funcionario de esta administración federal estáautorizado para gestionar judicial-mente el cobro del importe indicado por lapresente boleta de deuda».
El párrafo corresponde a la Ley 11.683 de la norma que regula lasintimaciones de pago de los impuestos a los contribuyentes.