El gobierno prepara un proyecto de ley para prohibir los «acuerdos de retiro voluntario» entre los trabajadores y las empresas, mecanismo habitual en situaciones de crisis. El anuncio lo hizo la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, que aseguró que este tipo de medidas, se toma para «encubrir despidos» y «son utilizados por las empresas para presionar a sus empleados a aceptar retiros por montos menores» a los previstos por el régimen de indemnizaciones. Según la visión de la realidad que tiene Rial, la medida del gobierno de obligar a las empresas a pagar doble indemnización en caso de despidos no frenó estas decisiones, porque «los empresarios comenzaron a usar caminos oblicuos, como el artículo 241», en relación con los acuerdos de retiros voluntarios.
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La funcionaria señaló que el proyecto para limitar la aplicación de ese artículo fue presentado a las autoridades de la Cámara de Diputados, algunos de cuyos miembros ya comenzaron a trabajar sobre una iniciativa propia con el mismo objetivo.
Para Rial «las empresas envían a su personal a escribanías y, sin cobertura legal ni de un sindicato, los trabajadores son presionados a firmar el retiro a cambio de un pago muy inferior al de la indemnización en cuotas».
Según Rial, el proyecto modificatorio prevé «suprimir la sede administrativa, porque es utilizada como elemento de fraude por parte de las empresas», que en esa instancia logran el retiro del trabajador en condiciones desventajosas.
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