La cuarta licitación para pagar impuestos nacionales con títulos públicos (en default), resultó la mejor desde el punto de vista fiscal: los contribuyentes tienen que pagar más en efectivo para poder ingresar en esta operación.
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Según los datos que mostró la Secretaría de Hacienda a cargo de Jorge Sarghini, en la licitación que venció ayer, se recibieron 440 ofertas de grandes contribuyentes y 2.200 de los pequeños y medianos; lo que implica en total unas 40 ofertas más que el llamado del mes pasado.
Pero la mayor diferencia a favor del fisco, es que en el corte de ayer, el primer grupo tuvo que pagar al contado 92% de sus vencimientos, mientras que el segundo corte fue de 75%. En marzo, los porcentajes fueron de 85% y 64% respectivamente. Esto implica que Hacienda sólo aceptó a las ofertas que pagaron 8% de pago con títulos públicos para los grandes contribuyentes y 25% para los pequeños y medianos.
En la primera categoría, Hacienda aceptó ayer 213 ofertas por un total de 797 millones de pesos; que implican un pago de 64 millones en Certificados de Crédito Fiscal (CCF); mientras que para los pequeños y media-nos se aceptaron 1.966 presentaciones por 19 millones de pesos en CCF y 46,5 millones de pesos en efectivo. Las ofertas que fueron incluidas como válidas, podrán utilizarse para liquidar las obligaciones tributarias correspondientes a mayo de este año. Aquí se incluyen los pagos de las presentaciones del vencimiento anual de Ganancias y Bienes Personales para los contribuyentes que son poseedores de acciones de empresa con cotización cerrada. Probablemente este vencimiento haya sido el que provocó el aumento en la demanda de CCF y en la reducción del porcentaje de utilización de estos certificados.
Esto provocó que el fisco tuviera un déficit, importante ya que estos títulos cotizaban a menos de 30% de su valor. Mensualmente se recaudaban unos 400 millones de pesos en promedio, que representaban en realidad menos de 120 millones de pesos reales de recaudación. En setiembre del año pasado Economía, por indicación del Fondo Monetario Internacional (FMI), limitó el mecanismo a sólo 80 millones de pesos por mes, meta que se mantiene reglamentada hasta ahora. La decisión de sostener o levantar este esquema será decisión de la gestión que suceda a Lavagna. Fuentes de economía aseguran que de mantenerse el ministro en su cargo con un gobierno de Néstor Kirchner, la idea es mantener el sistema para convertirlo en una habitualidad para las empresas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), además de como un mecanismo para sostener el precio de los títulos mientras se negocia la relación que se mantendrá con los acreedores del país.
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