Motosierra selectiva: el alivio fiscal al campo equivale al 66% del gasto de la emergencia en discapacidad

La medida para el agro fue tildada como "populismo cambiario", por su objetivo de "resignar el superávit" para llegar a las elecciones de medio término con un dólar estabilizado. Mientras, se pide al Congreso que informe cómo financiar la asistencia a discapacitados.

El Gobierno aplica discrecionalmente la motosierra.

Ámbito

El Gobierno tiene bien puestas sus prioridades. Este lunes eliminó temporalmente las retenciones al agro -granos y carnes bovinas y agrícolas- al mismo tiempo que promulgó la ley de emergencia en discapacidad, antes vetada y luego refrendada por el Congreso. Aunque, mediante el decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, pidió al Poder Legislativo que informe las partidas para poder financiar la ley, lo cual impide el cumplimiento y su puesta en marcha.

La eliminación de retenciones al campo fue tildada como una medida de "populismo cambiario", en palabras del economista Federico Machado, ya que, a su entender, su único objetivo es "resignar el superávit" para llegar a las elecciones de medio término con un dólar estabilizado, aunque "fuera de equilibrio".

Más allá de la grandilocuencia de llamar "populismo cambiario" a la eliminación de las retenciones, la contracara de esta medida termina siendo la suspensión de la ley de emergencia en discapacidad, lo que deja claro no solo las prioridades sino los sectores económicos que beneficia el Gobierno.

Eliminación de retenciones y ley de discapacidad en números

El Gobierno estimó que el gasto de la puesta en marcha de la ley de emergencia en discapacidad sería de 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI), o $3 billones, que al tipo de cambio mayorista de hoy ($1.353) serían u$s2.200 millones.

Sin embargo, desde PxQ, por su parte, habían proyectado en agosto que el gasto de la norma refrendada por el Congreso sería de 0,21% del PBI en 2025 y añadieron que actualmente sería un poco más bajo, ya que mientras más tarde se aplique, más bajo será el costo fiscal.

En tanto, el costo de la eliminación temporal de las retenciones a los granos se estima, según IARAF, que estaría en el orden del 0,23% del PBI. Aunque en 2025 solo será imputable un 0,15% del PBI (aproximadamente u$s1.000 millones), ya que el impuesto a las Ganancias se tributa al año siguiente. Este último sería de 0,14% del PBI.

"La pérdida de recaudación sería equivalente al 46% del superávit fiscal que surge del Presupuesto 2026 de 0,3% del PBI (para 2025)", detalla el informe del IARAF.

En efecto, la quita de retenciones al agro (0,23% del PBI) representa dos tercios (66%) del costo que hubiera tenido implementar la ley de emergencia en discapacidad (0,35% del PBI), una muestra clara de la selectividad del ajuste.

Por otra parte, las eliminación temporal de las retenciones a las carnes tendría un impacto menor: las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada fueron de u$s393,5 millones en agosto, según el Consorcio ABC. De ese valor exportado, la carne abona una retención de 5% en la categoría novillo (aunque hasta febrero fue del 6,75%), que representa el 68% del monto. Es decir, poco más de u$s13 millones van a las arcas del fisco.

"Específicamente de carne, no quitará mucho al fisco, un primer cálculo preliminar da unos u$s20 millones. Pero depende de si se adelantan o no exportaciones para aprovechar la eliminación de retenciones", mencionó en este punto el economista Guido Zack, de Fundar, en diálogo con Ámbito.

El Gobierno busca nuevamente los dólares del campo.

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"Es una mala señal en todo sentido, de cara a la sociedad pero también hacia el agro. En vez de tener una política pública consistente se recurre a medidas temporales y muy disruptivas para subsanar problemas que hace muchos meses se manifestaban en la economía", señaló un economista que decidió reservar su identidad.

Es que la posibilidad de otorgarle una eliminación de retenciones al campo que sea transitoria y hasta las elecciones para alcanzar un tipo de cambio más barato no fue bien vista; se la considera un parche sobre el problema de fondo que es la falta de reservas.

Asimismo, los mercados festejaron la posibilidad de un nuevo acuerdo de deuda esta vez con el Tesoro de Estados Unidos, solo visto durante la crisis del Tequila en los '90. Tras la reunión entre Donald Trump y Javier Milei, el magnate estadounidense destacó que "su amigo" tiene su "completo y total respaldo" para la reelección como presidente, aunque esto no es lo que se dirime en las urnas en octubre próximo. "¡Nunca los defraudará!", cerró Trump.

Se estima que el piso del préstamo del Tesoro sería de u$s10.000 que podría incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública, tal como anticipó Ámbito.

Para Guido Zack no poner en marcha la ley de emergencia en discapacidad es una "locura", porque se trata de una "crueldad" pocas pocas veces vista en un Gobierno argentino. "La falta de aplicación de la norma se da bajo el argumento de que 'no hay plata' y que genera un problema en el presupuesto público, lo cierto es que no es un monto tan significativo, de hecho es un monto menor que no implicaría siquiera la pérdida del superávit primario, con lo cual no hay motivo económico para de financiar el programa discapacidad, eventualmente el motivo es ideológico", analizó.

En tanto, Rocío Bisang, de EcoGo, destacó que "la medida parece una contradicción, hay plata para el campo pero no para los discapacitados", aunque comprende que la medida responde pura y exclusivamente a la necesidad de "dólares frescos" para que presionen la divisa a la baja que a una decisión de "gasto" o incluso de "favorecer (aunque lo hace) a un sector".

"Más allá de esta medida, creo que las retenciones tendrían que tender a la baja, son un impuesto tremendamente distorsivo. Y por otro lado, a pesar de las apreciaciones personales sobre el rol del Estado y si moralmente esta bien o no, creo que tampoco es gratuito para el Gobierno poner trabas sobre leyes como la de discapacidad. En parte por el capital político pero también por lo que significa en términos de gobernanza y para la democracia no respetar las decisiones del Congreso. Esto también puede tener un costo en la economía", observó la economista.

Sobre la quita de retenciones, Zack añade que Fundar propone una reforma integral del sistema tributario, ya que "esto es un parche más y no solo un parche más, sino que un parche temporal".

"El sector agropecuario argentino tuvo un desempeño mucho peor que el de otros países latinoamericanos y nosotros pensamos que las retenciones tienen mucho que ver en eso. En una economía que tiene faltante de de dólares, que es uno de los motivos principales del estancamiento económico y también de la inflación, ponerle impuestos a el principal sector exportador no parece parece ser una muy buena idea. Por eso, nosotros proponemos esa eliminación. Ningún productor agropecuario va a invertir más por una promesa de que no va a haber retenciones por un mes y medio", explicó Zack.