Obras sociales: reglamentaron los traspasos

Las obras sociales o prepagas tendrán 20 días para presentar las solicitudes de traspaso de pequeños contribuyentes, sus empleados o personal doméstico, de lo contrario serán rechazados.
Mientras la Justicia mantiene frenada la medida oficial que decretó la desregulación de las obras sociales, el Ministerio de Salud a cargo de Héctor Lombardo continúa armando las bases del reglamento que las empresas que se adhieran al nuevo sistema de libre competencia deberán cumplir. A través de una resolución, publicada ayer en el Boletín Oficial, el gobierno dio a conocer una nueva medida en ese sentido, mediante la cual se establece un plazo de 20 días para que las obras sociales que reciban opciones de cambio de pequeños contribuyentes, sus empleados o empleados del servicio doméstico presenten los formularios respectivos.

Los papeles deberán ser elevados a la Superintendencia de Servicios de la Salud, que es el organismo oficial que posee «la facultad de determinar el procedimiento para que cada contribuyente o trabajador pueda obtener la cobertura de un agente del seguro de salud». «Si los formularios se presentaran vencidos a ese plazo serán rechazadas» por el organismo, se especificó en la resolución que lleva el número 28/2001.

En tanto, los beneficiarios podrán empezar a ser atendidos por la empresa de medicina privada u obra social que eligieran «a partir del primer día hábil del segundo mes desde que se formuló la presentación», se detalló.

El 1 de enero pasado entró en vigencia el Decreto 446 (de desregulación de obras sociales) por el cual los cerca de 11 millones de trabajadores podrán optar por la obra social o por una empresa de medicina prepaga. Sin embargo, un fallo judicial, emitido tres días después de que se conociera el decreto, frenó el proceso de desregulación del sistema de salud.

A instancias de una presentación realizada por las dos ramas de la CGT (oficial y disidente), la jueza federal Adriana Lucas de Tarrabella, del fuero de la Seguridad Social, dictó, el 4 de enero último, una medida cautelar que frenó la iniciativa del Estado para permitir la libre competencia entre las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga. La magistrada decidió suspender momentá-neamente la aplicación del Decreto 446 hasta que se resuelva si, como planteó la CGT al iniciar la causa, la medida presidencial dictada en ese sentido es «inconstitucional».

La presentación fue realizada por 43 obras sociales sindicales, que plantearon que no existía «necesidad y urgencia» en dictar decretos desregulatorios con seis meses de anticipación, en momentos en que «el Congreso se halla en funciones».

El decreto presidencial sumó, en los dos meses siguientes a su firma, cerca de 10 fallos judiciales adversos, todos dictados en términos similares a los que planteó Lucas de Tarrabella.