Opinión: "El Estado hizo buen negocio con privatizaciones"

La característica de privilegiar la rentabilidad es, en los hechos, común a todas las empresas privadas, y es un dato de la realidad que debe ser aceptado en el contexto de una economía capitalista. Es obligación del Estado asegurar que esa búsqueda lícita de beneficios no redunde en prácticas desleales e ilegales, tendientes a consagrar ventajas monopólicas. Como consecuencia de la actual crisis económica, se ha instalado, tanto en los medios como en la opinión pública, una visión negativa acerca de los resultados de las privatizaciones. La creencia generalizada es que el Estado «regaló las joyas de la abuela», que las empresas privadas de servicios públicos, mayoritariamente extranjeras, regis-tran utilidades desmedidas y generan una «sangría» en el balance de pagos a través del giro, a sus países de origen, de dividendos e intereses.

En esta nota se intentará analizar si esa creencia popular es correcta, y a tal fin tratará de medir el efecto fiscal y sobre el movimiento de fondos con el exterior, generados por las privatizaciones. Para ello se partirá de la información que proporcionan las estadísticas del balance de pagos.

• Ingresos

En los diez años transcurridos entre 1990 y 1999, el Estado en sus niveles nacional y provincial perfeccionó 136 privatizaciones, entendiendo por tales no sólo la venta de paquetes accionarios sino también la transferencia de activos, como áreas petroleras. Como contrapartida de esas transacciones, el Estado percibió ingresos en efectivo por un total de 19.139 millones de dó-lares. Adicionalmente los compradores entregaron títulos de la deuda pública, y en consecuencia el beneficio económico total para las cuentas fiscales fue de 34.537 millones de dólares.

Las cifras no revelan, por sí solas, si el Estado hizo un buen negocio. Para intentar una aproximación a esa evaluación, se analizó un grupo de catorce empresas privatizadas que cotizan en Bolsa, y por consiguiente permiten comparar los valores a la fecha de la privatización con los que re-sultan de la cotización bursátil. La muestra elegida equivale a dos tercios de los montos involucrados en las privatizaciones. En el cuadro puede observarse la composición de ese conjunto de empresas.

El valor empresario según las condiciones de privatización consigna el valor de 100 por ciento del capital accionario de cada una de las empresas, en función del precio pagado por el comprador. La comparación con su cotización bursátil, aunque imperfecta, resulta ilustrativa. Tal comparación no es perfecta pues los volúmenes transados en la Bolsa pueden subestimar el precio de los paquetes de control.

El valor empresario de ese conjunto de compañías al momento de su privatización, me-dido por el precio pagado por los adquirentes y valuando los títulos públicos entregados según su cotización en cada momento, ascendió a 16.805 millones de dólares. Al 31 de diciembre de 2001, la cotización bursátil de ese mismo grupo de compañías era de 15.921 millones de dólares, es decir 5,3 por ciento menos que su costo de adquisición. Si la comparación se efectúa con la cotización a fines de agosto del presente año, la valuación bursátil de ese grupo de empresas era de 6.309 millones de dólares, con una pérdida de 62,5 por ciento, pero en este caso la gran depreciación refleja el efecto de la devaluación, de la pesificación y del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. La conclusión es que el Estado tendría hoy un patrimonio menor en caso de no haber privatizado las empresas.

Si bien la cotización bursátil puede subestimar el valor de los paquetes de control, la compra por parte de Petrobrás de 58,6 por ciento de Pérez Companc permite una aproximación. El precio pagado por el comprador (u$s 1.125 millones) determina un valor empresario (100 por ciento del capital) de u$s 1.920 millones, que resulta 156 por ciento superior a su cotización bursátil a agosto de 2002 (u$s 750 millones). Si ese factor de corrección se aplicara al total de la muestra de empresas privatizadas, resultaría un valor empresario de las mismas 23 por ciento inferior al ingreso económico percibido por el Estado.

La participación del capital extranjero en las privatizaciones fue significativa. Del total transferido por el Estado al sector privado entre 1990 y 1999, 68 por ciento, es decir más de dos tercios, fue adjudicado a no residentes.

• Relevancia

El rol preponderante de la inversión externa en las compañías privatizadas torna relevante el análisis del efecto que esa inversión ha producido en el Balance de Pagos de nuestro país. El primer enfoque está dirigido a medir la participación de las empresas privatizadas en la posición de inversión internacional bruta del sector privado. Esa posición consigna el estado de situación patrimonial visto desde el lado de los pasivos, esto es, lo que en una simplificación constituirían las obligaciones internacionales del sector privado. Se compone de tres elementos: a) la inversión extranjera directa (IED), que incluye las participaciones accionarios superiores a 10 por ciento del capital total de la empresa de que se trate; b) la inversión de cartera (IC), que computa las participaciones menores a ese porcentaje; y c) las obligaciones financieras, es decir el endeudamiento. La IED constituye la forma más permanente de participación del capital externo, mientras que las obligaciones financieras son las menos estables. Para el promedio del período 1992-1999, las empresas privatizadas representaron 29 por ciento del total del sector privado, con una incidencia mayor en los componentes de capital (IED + IC), y menor en el endeudamiento.

Asimismo, para el período 1992-1999, el promedio de la participación del capital en el financiamiento total fue de 59,8 por ciento para las empresas privatizadas y de 52,7 por ciento para el resto.

Por otra parte, la renta de las (IED + IC) inversiones está condicionada a la obtención de utilidades de la compañía, lo que constituye una limitación al egreso de fondos a través de la cuenta corriente. Si la compañía de que se trate no genera ganancias, no puede remitir dividendos al exterior. En el otro extremo se encuentran las deudas, que constituyen obligaciones exigibles a un deter-minado plazo, así como lo son los intereses que esas deudas generan, con lo que su efecto potencial negativo es significativamente mayor que en el caso de las inversiones de capital. Por esas razones, la elevada capitalización de las empresas privatizadas constituye un factor claramente positivo en cuanto a su incidencia sobre las cuentas externas del país. Resulta interesante analizar cuál ha sido el comportamiento de los flujos, tanto en lo que se refiere a la cuenta corriente como a la cuenta capital y financiera. En la cuenta corriente se computan los egresos generados por rentas correspondientes a utilidades y dividendos por una parte, y a intereses por la otra. En la cuenta capital y financiera se reflejan los aumentos de pasivos, es decir los ingresos de capital originados por la inversión extranjera directa, la inversión de cartera y nuevos préstamos.

• Rentas

Durante el período 1992-1999 los ingresos de capital superaron nítidamente a los egresos por rentas, tanto en el caso del sector privado en su conjunto, como en el de las empresas privatizadas. Por la cuenta capital y financiera las empresas privatizadas ingresaron 39.883 millones de dólares, y giraron por rentas en la cuenta corriente 13.365 millones, con un ingreso neto de 26.518 millones; en el mismo lapso el resto de firmas extranjeras generó un ingreso neto de 51.050 millones. En consecuencia, las compañías privatizadas fueron responsables de 34 por ciento de los ingresos netos de fondos desde el exterior. El gráfico 1 muestra las cifras comentadas.

La tasa promedio de utilidades y dividendos remitidos al exterior por las empresas privatizadas fue de 7,1 por ciento y supera la correspondiente al resto de las compañías extranjeras, que alcanzó a 5,2 por ciento. A lo largo del período, el sector de privatizadas regis-tra una tendencia creciente, mientras que lo contrario sucede con el resto. Aún así, la tasa de transferencia de utilidades al país de origen de las opera-doras privatizadas se ubica en niveles razonables a lo largo del período. En cuanto a las tasas de interés implícitas, el promedio de las compañías privatizadas fue de 8,2 por ciento, y el correspondiente al resto de las empresas capital externo fue de 7,9 por ciento.

Si se adicionan las utilidades y dividendos remitidos al exterior, y las utilidades reinvertidas en el país, se determinan las ganancias totales obtenidas. Relacionando ese valor con el stock de capital (inversión directa más inversión de cartera), puede calcularse el retorno sobre el capital.

La rentabilidad de las compañías privatizadas fue en promedio de 9 por ciento para el período estudiado, y se ubica en niveles normales de acuerdo con estándares internacionales. El ROE promedio del resto de las firmas extranjeras fue de 6,5 por ciento.

El gráfico 2 indica los niveles de ROE alcanzados por una muestra de las 900 empresas norteamericanas de mayores ventas, que operan en 24 sectores, según un estudio publicado por el semanario «Business Week» en diciembre de 2001, sobre la base de datos proporcionados por Standard & Poor's en diciembre de 2001. En el mismo se observan los niveles registrados por el total de la muestra (9,1 por ciento) y los correspondientes a sectores afines con las empresas privatizadas. Un estudio similar publicado por el mismo semanario en julio de 2002 consigna que el ROE promedio para las 1.000 empresas en todo el mundo con mayor valor patrimonial fue de 16,3 por ciento. La comparación revela que la rentabilidad generada por el sector privatizado argentino se encuentra en línea con la obtenida por esas empresas.

Otro concepto de remisión de fondos al país de origen es el pago por servicios de gerenciamiento, que se contabiliza en la cuenta corriente. El total girado en el período 1992-1999 por las empresas privatizadas ascendió a 1.557 millones de dólares, con un promedio anual de 195 millones de la misma moneda. Su incidencia, medida en relación con el capital, es decreciente. Las transferencias al exterior por este concepto equivalieron, en promedio, a 1,5 por ciento anual del capital, descendiendo en 1999 a 1,1 por ciento.

Más allá de las consideraciones precedentes, el proceso de privatización es susceptible de una crítica fundamental, imputable al gobierno que las llevó a cabo: el destino dado a los ingresos percibidos. Entre 1992 y 1999 las arcas fiscales recibieron más de 19.000 millones de dólares en efectivo, los que fueron utilizados para financiar el aumento del gasto público corriente. Es decir, se destinaron ingresos de capital a financiar gasto corriente. Aquí se encuentra la auténtica dilapidación de las joyas de la abuela.

Si en lugar de ese mal uso, los fondos se hubieran destinado a cancelar deudas, aquellos 19.000 millones de dólares habrían permitido rescatar deuda pública externa por 56.000 millones de dólares. Esto hubiera sido así porque el valor promedio al que el Estado recibió títulos públicos en pago parcial de las privatizaciones fue de 34 por ciento. Si el gobierno hubiera renunciado a recibir efectivo, y a cambio hubiera aceptado la utilización de títulos públicos, el resultado hubiera sido el que se menciona. Ese rescate de deuda hubiera significado cancelar dos tercios de la deuda externa pública existente a fin de 1999, y así se habría evitado caer en la cesación de pagos que hoy enfrenta nuestro país.

Un párrafo aparte merecen las concesiones de obras y servicios otorgadas al sector privado en el período considerado. Si bien no han afectado las cuentas externas, pues la participación del capital extranjero en las mismas no fue significativa, sí ha implicado un costo fiscal relevante, a través del otorgamiento de subsidios (ferrocarriles) y de las dificultades para percibir los cánones acordados (correos y aeropuertos).