Ordenan embargo a Miceli (la citarían a indagatoria)
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En cuanto al pedido de declaración indagatoria efectuada por el fiscal, trascendió que el juez Rafecas no se expedirá sobre el pedido de indagatoria hasta que regrese de su licencia la jueza María Servini de Cubría, quien es la magistrada natural de la causa. Por lo tanto, dicho paso queda por el momento demorado, aunque se descuenta que Miceli deberá declarar ante la Justicia.
En su dictamen, el fiscal había señalado el supuesto «origen espurio» del dinero y cuestionó que la entonces ministra consiguió el acta original del hallazgo del dinero sin haberla devuelto.
En el medio del escándalo quedó la Caja de Crédito Cuenca, que habría recibido el «ladrillo» con el número de lote 38.057 que finalizó en la bolsa de Miceli. Sin embargo, los directivos de la institución niegan que sean ellos los que hayan recibido ese dinero y mucho menos haberlo entregado a la ex ministra o a alguien de su entorno.
Miceli había asegurado primero que los fondos eran propios. Luego cambióla versión, aseveró que se los había prestado su hermano. Pero resultó un elemento muy sospechoso que el dinero estuviera envuelto en un plástico termosellado que prepara el propio Banco Central. Por lo tanto, la explicación de que el dinero había salido de una caja de seguridad de Horacio Miceli, el hermano de la ex ministra, prácticamente se derrumbó. Los principales directivos de Cuenca dicen que ese « ladrillo» nunca llegó a la institución y sugieren que pudo haber sido desviado en el camino. «Nosotros y ninguna entidad anota el número de lote de los fajos que llegan desde el Banco Central», aseguran. «Evidentemente -agregan- hay alguien que nos quiere perjudicar, porque nosotros no tenemos nada que ver con esto.»
Pero el Banco Central entregará hoy a Marijuán más información que compromete a Cuenca por operaciones irregulares efectuadas años anteriores. Según una investigación que la entidad que preside Martín Redrado había efectuado ante la Justicia, hay transacciones sospechosas de descuentos de valores (en particular cheques) por $ 365 millones entre julio 2003 y julio de 2005. Se sostiene que la institución procuró encubrir a los verdaderos beneficiarios de los documentos, creando para ello nombres ficticios de personas y empresas. Pero esto también fue desmentido por los dueños de Cuenca. El fiscal Marijuán también pediría la declaración indagatoria de los principales ejecutivos de la caja de crédito.
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