Nuevo (y desconocido) fondo se suma a la causa por el Cupón PBI

Waso Holding, un fondo de inversión cuya trayectoria es marginal, incrementó sus tenencias de cupones PBI argentinos de u$s150 a u$s750 millones y pidió turno en un tribunal de Nueva York.

Loretta Preska.

Un ignoto fondo mundial, el Waso Holding, amenaza con complicar a la Argentina en 2021. Esa casa de inversiones incrementó sus tenencias en Cupón PBI de unos 150 a 750 millones de dólares; y ya pidió turno en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Loretta Preska, para ampliar la demanda contra la Argentina. El caso está liderado por el fondo buitre Aurelius, y deberá tener un principio de resolución durante el próximo ejercicio. La demanda alcanza ya reclamos de diferentes fondos e inversores varios por unos u$s15.000 millones, un monto que se aceleró desde la segunda quincena de septiembre, luego del cierre del exitoso canje de deuda de los tenedores de fondos emitidos bajo jurisdicción internacional.

Waso Holding se suma al listado de demandantes que encabeza Aurelius, el verdadero iniciador del juicio contra la Argentina. El reclamo original alcanza los u$s252 millones pero, se supone, que el propio fondo incorporó más bonos a su cartera durante el primer semestre del año, antes de la reestructuración de la deuda con los acreedores extranjeros. Este viejo especialista en embestir contra el país (fue uno de los principales socios de Elliot en el “juicio del siglo” en los tribunales de Thomas Griesa), y encontró hacia 2015 la posibilidad de avanzar en este caso. Con el tiempo se sumaron otros tres fondos (Adona LLC, Egoz LLC y el Waso Holding Corporation) a la presentación original, con tenencias por unos u$s100 millones más, llevando el total de la demanda a unos u$s1.000 millones.

En todas las presentaciones lo que se reclama al país es la supuesta “mala fe” del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al alterar la medición del PBI del INDEC para el ejercicio 2013. Todos reclamaban por la supuesta alteración de la medición del producto durante ese ejercicio. Según explica el analista de FinGuru, Sebastián Maril, “según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%.

Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor que el 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”. La demanda general habla de la alteración de la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio.

La Argentina presentó su primera defensa el 3 de julio de 2015, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa. Curiosamente, el gobierno de Mauricio Macri, para que no prospere la causa, defendió la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el INDEC, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Fue la segunda vez que se utilizó este argumento. El 18 de abril den 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representaban al país aseguraron ante la Justicia norteamericana que el gobierno de Cristina de Kirchner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014. Si el país hubiera superado ese último porcentaje de alza en su producto, debería haber liquidado el cupón PBI en una cifra estimada por más de u$s3.500 millones, un monto imposible en un año donde el cepo operaba a pleno y el país estaba impedido a obtener dinero proveniente de colocaciones de deuda.

Si Argentina hubiera pagado, tendría que haber tomado dinero de las reservas, algo más que peligroso (casi utópico) en un año en que los mercados pulseaban con el kirchnerismo por la estabilidad del dólar. Lo que sí hizo el Gobierno de entonces fue cambiar en 2014 la base de medición del PBI, tomando como base del ejercicio de cálculo 2004 (ya con Kirchner en el poder) y ya no más 2003, como se realizaba tradicionalmente. Para peor, este era el año que se consideró como válido para calcular las anteriores liquidaciones del Cupón PBI por el mismo Gobierno kirchnerista, con lo que la modificación para el ejercicio 2013 resultó aún más sospechosa. Para el mercado local, la manipulación se debió a la decisión política de no pagar el cupón y proteger los escasos dólares de las reservas. Durante 2014, la mayoría de los tenedores eligieron desprenderse, provocando una caída de 50% en su valor.