Penoso: hoy el país se afectará con una retrograda reforma laboral

Los senadores peronistas dejaron anoche listo el proyecto de derogación y modificación de la reforma laboral para sancionarlo hoy en el recinto. Las discusiones de última hora en la bancada PJ giraron sólo en torno del poder de policía laboral, que Kirchner les quita a las provincias para dejarlo en la Nación. Nadie discutió -los pocos que se oponían a la ley quedaron tapados por la mayoría-los aumentos de costos para las empresas por cambios en indemnizaciones, ni acortar el período de prueba. Mucho menos que vuelva a regir la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. La preocupación de los senadores sólo se fijó en los controles laborales y en participar dentro de un año, cuando el Ejecutivo tenga que decidir si prorroga o no la rebaja de aportes patronales para empresas pequeñas. Poco es el aporte que hará el gobierno para incentivar el empleo si sólo promueve puestos de trabajo reduciendo aportes por un año -única medida positiva de la ley- mientras endurece las condiciones de contratación para las empresas e incrementa costos. Menos cuando se demora la negociación de la deuda en default y, por lo tanto, el ingreso de capitales. Los legisladores sólo parecían anoche apurados por derogar cuanto antes la reforma laboral de Fernando de la Rúa, obsesionados por lavar culpas ante la sociedad por los supuestos sobornos. Aunque muchos de los presentes apoyaron en su momento esa norma del radicalismo. En Diputados se espera también una rápida sanción la semana próxima.

Carlos Tomada

El bloque de senadores peronistas acordó anoche llevar hoy al recinto el proyecto de derogación y modificación de la reforma laboral casi sin modificaciones con relación al proyecto oficial. Por lo tanto, se mantiene todo el paquete que aumenta la presión y el costo sobre las empresas.

Los justicialistas se encerraron para dar el visto bueno final a la iniciativa en medio de otras discusiones, como el pedido de Carlos Reutemann para que el gobierno aclare el envío de $ 500 millones de ayuda para los inundados de Santa Fe. Hoy por la mañana comenzará la sesión para aprobar la ley laboral ratificando el apuro que tienen los legisladores para pasar el tema a la otra cámara. En Diputados esperarán hasta la semana próxima para convertir en ley la derogación.

•Discrepancia

Anoche, comenzaron a firmar el dictamen de la Comisión de Trabajo de la Cámara alta, trámite necesario para bajar al recinto esta mañana sin demasiados contratiempos. Igual, a ciertas desavenencias con la UCR y las bancadas minoritarias, había que sumarle una discrepancia -aún no subsanadaen la propia escudería justicialista, ya que no había acuerdo sobre el artículo 30 que le otorga poder de policía laboral a la Nación, en desmedro de las provincias. El texto de esa cláusula se irá redondeando sobre la marcha de la deliberación de hoy.

A última hora de la víspera continuaba la reunión de senadores con discusiones sobre el proyecto. Pero la suerte de la reforma ya estaba echada.

Entre los puntos más discutidos siguió figurando la cesión del poder de policía laboral de las provincias a la Nación. Aunqueel gobierno flexibilizó su posición, manteniendo en las provincias cierto grado de control, lo cierto es que el proyecto que se votará hoy modifica lo hecho por Raúl Alfonsín, cuando transfirió esas facultades a los gobernadores.

. El grueso de los miembros del bloque oficialista observó con beneplácito que se diera vista al Consejo Federal, como paso previo a la intervención nacional. Sin embargo, los más críticos seguían plantados en modificar el artículo 30. La fueguina Mabel Caparrós y el sanluiseño Raúl Ochoa encabezaron un lote considerable de objetores a la redacción del Ejecutivo. Este cuadro hace prever para esta tarde una puja en las propias bancas, de manera tal de sacar la ley, tal cual reclama la Casa Rosada.

. El gobierno incrementó la participación del Congreso en una eventual prórroga de la reducción de aportes patronales. La norma fija una rebaja de los impuestos al trabajo para las empresas de hasta 80 empleados. Esa reducción será de 33% en todos los casos, pero se incrementará a 50% en el caso de contratarse a beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar. Todos esos beneficios tienen una vigencia de un año.

•Obediencia

Los problemas habían surgido en dos puntos relacionados con este tema. El primero no tuvo respuesta del gobierno y, por lo tanto, no se modificó, siguiendo la regla de obediencia debida a los dictados de la Casa Rosada: los senadores quisieron reducir el beneficio -en consonancia con los pedidos de los diputados peronistas y sindicalistas-a empresas de hasta 40 trabajadores.

. También se pidió que al vencimiento de la reducción de aportes, el Congreso participara de la decisión de prorrogarlo junto con el Ejecutivo. Finalmente, se estableció que en ese momento Néstor Kirchner decidirá y comunicará al Congreso con antelación.