Perjudicial: gobierno planea un veto a despidos masivos

Entre varios temores, el gobierno de Cristina de Kirchner tiene uno en particular: Hugo Moyano y el poder de fuego que podría usar la CGT en medio de la crisis financiera. Por eso, el primer frente interno que se quiere tranquilizar es el sindical. Para ello, el Ejecutivo desempolvó una norma aplicada a destajo durante la caída de 2001 y 2002, el Procedimiento Preventivo de Crisis, por el cual cualquier empresa que quiera despedir personal tendrá que pasar antes por el análisis y la autorización oficial y del gremio correspondiente. El gobierno determinará si es verdad que la rentabilidad de la empresa es negativa y provocada por la crisis internacional. También si no tiene otra alternativa para seguir adelante que despedir personal. La posibilidad de reducir la planta está además vedada para las compañías que reciben subsidios (petroleras, energía y transporte). Si la orden viene de las casas matrices, deberán explicar la situación y asegurarse de que los efectos sean los menores posibles. Una medida voluntarista y que, lejos de beneficiar a los trabajadores, afectará más a las empresas en un momento difícil. Habría que mirar a Estados Unidos, donde Barack Obama, lejos de pretender frenar los despidos por decreto, acaba de proponer subsidios a la creación de puestos de trabajo. Al menos hay algo positivo. Se descartó la posibilidad de volver con el régimen de doble indemnización, más por ser un mecanismo inventado por Eduardo Duhalde que por convencimiento.

Por orden de Cristina de Kirchner, el Ministerio de Trabajo volverá a instrumentar mecanismos legales para evitar despidos masivos de personal que no se utilizaban desde la crisis de 2001-2002. Si bien desde la cartera que maneja Carlos Tomada aseguran que, al menos hasta ayer, no hubo ningún tipo de presentación formal de algún sindicato (oficialista o no) sobre la existencia de despidos, en Trabajo aseguran que ya están dispuestos los instrumentos para utilizar en el caso de que éstos se produzcan.

Puntualmente, se habla de reflotar el régimen sobre Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), que imponen que una empresa que quiera realizar despidos importantes se dirija antes al Ministerio de Trabajo para avanzar en esta dirección.

La orden puntual y política que recibió Tomada de parte de la propia Presidente es recurrir a «todas las medidas» y «a todos los instrumentos que sean necesarios» para conservar «lo que tanto costó conseguir». Estas mismas palabras fueron repetidas ayer por la Presidente en Villa Regina, horas después de haber hablado con Tomada y antes de que éste se encontrara con el titular de la CGT, Hugo Moyano, y de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain (ver notas aparte).

A cambio del abandono de la idea sindical del pago de los 500 pesos a fin de año, el gobierno quiere ahora garantizar que no habrá despidos masivos, al menos en las empresas y sectores más importantes de la economía argentina. Tampoco habrá, aseguran cerca de la Jefatura de Gabinete de Sergio Massa y en el ministerio de Tomada, un regreso al régimen de doble indemnización. «Ese era un resguardo válido para cuando el desempleo superaba 25%. Ahora está en 7%, no se ve que esté creciendo y no vamos a retroceder cinco años», aseguraba ayer a este diario una alta fuente oficial. Además, extraoficialmente, no se quiere desde el gobierno volver a un mecanismo que fue inventado por Eduardo Duhalde cuando Graciela Camaño encabezaba la cartera laboral.

Explicaciones

Con el PPC y la participación de los sindicatos del sector, el privado tendrá que explicar por qué quiere despedir empleados y las circunstancias que avalen la medida. En las circunstancias actuales, la compañía tendría que presentar datos que demuestren que la crisis financiera internacional afectó directamente su nivel de actividad al punto de impedir su rentabilidad y supervivencia. Pero aun así la empresa puede estar impedida de desvincular personal. Antes Trabajo puede analizar con la gerencia de la compañía la posibilidad de reducir horas extras, turnos o incluso de aplicar un régimen de reducción temporal de la jornada laboral. Además, Trabajo tendría la posibilidad de utilizar subsidios directos para evitar los despidos.

Recuerdan en esa cartera que la última vez que se aplicó un procedimiento de este tipo fue cuando (por las prohibiciones de exportar carne) hubo una caída en la actividad de los frigoríficos vinculados con la Cuota Hilton, y desde el gobierno se aplicó un plan de ayuda financiera para los exportadores afectados. Otros antecedentes, derivados de la crisis de 2001, son los PPC aplicados para las empresas recuperadas por sus empleados.

Además, para avalar la decisión de los privados, éstos no tendrían que contar ni directa ni indirectamente con la ayuda fiscal del sector público nacional. Con esto quedan fuera de cualquier posibilidad de entrar en los PPC rubros como el transporte, petróleo, energía y combustibles en general.

Quedan otros sectores complicados sobre los que el Estado prestará atención especial. Se trata, fundamentalmente, de las automotrices, autopartes, construcción, textiles, juguetes y el sector bancario. Para este último caso, donde se teme que haya algún tipo de problema por las consecuencias directas de la crisis financiera internacional, el gobierno llamaría la próxima semana a un encuentro con los responsables de las entidades bancarias y el sindicato que maneja Juan José Zanola.