Poco serio: desataron la furia de exportadores con una medida que no regirá

La Argentina se quedó ayer sin mercado de granos porque los exportadores se enteraron, por el Boletín Oficial, de que la reciente suba de retenciones sería retroactiva al 4 de marzo. El decreto, que amenazaba disparar una ola de recursos de amparo por inconstitucionalidad, debió ser dejado sin efecto ayer a última hora. Esto fue algo similar a lo ocurrido con el decreto que anunció Remes Lenicov para frenar amparos del «corralito» y que Eduardo Duhalde nunca firmó. Las repercusiones de esta sorpresiva medida llegaron hasta los EE.UU.: la desaparición de la Argentina del mercado de granos hizo subir el precio de la soja en el de Chicago, lo que rápidamente pudo ser aprovechado por el principal competidor, Brasil. También este ida y vuelta afectó la cotización del dólar, porque muchos exportadores dejaron de liquidar divisas ante la incertidumbre que generó el gobierno.

La Argentina se quedó sin mercado de granos ayer como reacción de los exportadores que se enteraron por el Boletín Oficial de que las retenciones se pagarían en forma retroactiva el 4 de marzo. La medida del gobierno amenazaba con convocar una avalancha de recursos de amparo por inconstitucionalidad. Entonces, el gobierno decidió dar marcha atrás en menos de 24 horas. «La medida no regirá», confirmaban anoche en el Ministerio de Economía.

Mediante un decreto de necesidad y urgencia (el 618/2002) - firmado por el presidente Eduardo Duhalde y todo el gabinete nacional-, el gobierno obligaba a los exportadores a tributar las nuevas alícuotas de exportación -20% en trigo, maíz y girasol y 23,5% en sojasobre todos los granos no embarcados, aunque hubieran sido registrados antes de la entrada en vigencia de los derechos de exportación, el 4 de marzo de este año.

De esta forma, el gobierno hubiese logrado un ingreso adicional por retenciones a la exportación de u$s 403 millones por un volumen de declaraciones que sumaban 10 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y subproductos.

• Sin explicaciones

La medida provocó la ira de la exportación, al punto que representantes de una empresa grande manifestaban ayer la voluntad de abandonar el país debido a que desde la casa matriz se exigen explicaciones que los empresarios no encuentran en el Ministerio de Economía (de hecho, la semana pasada, representantes de cámaras de exportadores estuvieron con el ministro Jorge Remes Lenicov, quien no les dijo nada sobre la nueva medida ahora eliminada).

Entre la sorpresa y el estupor, los exportadores desaparecieron del mercado y dejaron de pagar los compromisos y anunciaron que la misma actitud asumirían hoy frente a los negocios ya pautados. De esta forma, se paralizó el comercio de granos en el país. Sin embargo, en medio de la crisis, una sola empresa aceitera de Reconquista ofrecía pagar ayer $ 270 por tonelada de soja, 30% menos que lo cotizado el martes cuando se negoció a $ 390. Esta actitud generó también rechazo de otros exportadores y, por supuesto, de los productores.

La exportación ya había registrado, según las normas vigentes hasta ahora, 7,4 millones de toneladas de granos y 9 millones de toneladas de pellets y aceites equivalentes en grano. Por los granos, se espera una facturación de u$s 1.350 millones y por los subproductos u$s 666 millones para ese volumen, según datos suministrados por el sector privado. Este volumen permitiría un ingreso de $ 2.016 millones, que en derechos de exportación a 20% les hubiera cedido a las arcas de Economía u$s 403,20 millones.
 
• Afectados

«Estas compras fueron hechas a los productores, en su mayoría, sobre la base de declaraciones de venta con 0% y otras con 10% de retenciones. Al embarcarse, y de acuerdo con el nuevo régimen, deberán tributar 20% al valor FOB del día en que se tramite el permiso de embarque. Supongamos que soy exportador y compro maíz sobre la base de un derecho de 20%. ¿Pero qué pasa si al día del embarque me suben los derechos a 30%?», se preguntaba ante este diario el analista y corredor José Frogone.

Desde la producción, algunos entendían que la medida afectaba a todo el comercio agrícola. «El gobierno tiene que cambiar su criterio, ya que se violaron los derechos adquiridos de compradores y vendedores. Esta medida va a exigir una renegociación completa de todos los contratos de granos. El sector agropecuario tiene que unirse: productores, exportadores, acopiadores y fábricas deben realizar una paralización total del comercio hasta que se modifique esta decisión», decía a Ambito Financiero, desde el Litoral, el empresario rural David Lacroze.

Otros, sin embargo, cargaban las tintas en la exportación, a la que se acusaba de haber registrado un alto volumen de granos para evitar el pago de las retenciones, que -según algunos-igual descontaban a los productores. La visión desde la Confederación de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) era menos conciliadora y apuntaba en ese sentido. «Los productores ya sufrimos el recorte de precios por las retenciones, y los exportadores se beneficiaban con ese diferencial. Ahora, se niegan a pagar deudas ya contraídas y acentúan el endeudamiento de los productores. Ya se habla de que la exportación va a transferir ese 20% de retenciones a los precios del productor... Los exportadores se juegan a que les cambien las reglas del juego, pero los productores no tenemos reglas...», se quejaba Marcos Mathé, productor agrícola de Salto.

Finalmente, se remarcaba que la medida hubiera afectado a toda la cadena comercial, por paralización o por transferencia de costos. «Van a caerse los contratos a futuro de los exportadores y todos los negocios con mercadería a entregar. La exportación va a desconocer los contratos y desaparecerán los canjes. Con esta decisión, peligra el pago de todos los insumos», advertía el economista Juan Martín Rebolini.

Sobre el final del día, y luego de gestiones cruzadas, el gobierno dio marcha atrás mien-tras algunos funcionarios se mantenían perplejos por la resolución del tema, que había contado con el impulso del mismo presidente Duhalde.