Prepagas piden apurar definición por subas

A pesar de que las cámaras que nuclean a las empresas de medicina prepaga le acercaron al gobierno varias propuestas para acordar una solución al conflicto por el que atraviesa el sector desde que se les impidió aumentar las cuotas de los afiliados, la subsecretaria de Defensa de la Competencia, Patricia Vaca Narvaja, prefiere esperar que se cumpla el proceso judicial y luego volver a conversar con las empresas.

Lo que sucede es que desde que se inició este congelamiento de precios, «el sector de medicina privada sufre pérdidas cuantiosas y un desconcierto total», según explicó a Ambito Financiero Pablo Giordano, presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga (ADEMP).

Giordano comentó que «hay pérdidas por ejemplo en el pago del IVA que fue calculado sobre lo que se facturó y que no fue lo que finalmente se cobró, se pagó el impuesto al cheque en los cobros originales y luego volvió a pagarse al devolver el dinero, y hubo que mandar cartas por correo a un millón de afiliados para aclarar cómo se devolverá el recargo cobrado. Eso es todo dinero que se pierde».

•Objetivo

Según comentó Tomás Sánchez de Bustamante, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), a este diario «el sector privado intenta llegar a un acuerdo con las autoridades para evitar un congelamiento de precios» que se prolongue en el tiempo y así evitar pasar por el proceso judicial que demandará por lo menos seis meses.

En las reuniones que mantuvieron las cámaras con representantes del gobierno, y donde se habló de dar los primeros pasos para regular el sector, las empresas propusieron varias opciones.

Una es la de brindar al usuario la posibilidad de elegir un plan con recargo o un plan de calidad similar, pero con menor cantidad de los llamados «servicios superfluos» de prestación.

Otro de los planteos fue que para los mayores de 65 años el Estado podría derivar el aporte que hace el afiliado al PAMI cuya prestación no usa, y aportarlo a la medicina prepaga que sí usa. Ese monto sería descontado del total de la cuota.

«El tema es que el gobierno quiere soluciones sin involucrarse», dijo Giordano, y agregó que «si bien entienden los motivos que nos llevan a los aumentos, las conversaciones que tenemos terminen siendo informativas y no verdaderas negociaciones».

Por su parte, la subsecretaria Patricia Vaca Narvaja dijo que «ya se envió a la Justicia las apelaciones y descargos que presentaron las empresas. Ahora hay que esperar a que se resuelva si las medidas fueron correctas o no». Y aclaró que mientras tanto las compañías no pueden concretar ningún tipo de aumento.

La funcionaria dijo que «cuando las empresas cumplan con todas las normas que ordena la ley de defensa del consumidor, entre otras, podrán realizar los aumentos que deseen. Antes no».