Previsible: provincias aceptan discutir pero sin tocar fondos

El gobierno discutía ayer la forma en que se presentará al Congreso el proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos que fue prometido al FMI. No existe todavía un proyecto unificado sobre coparticipación sino más bien una serie de iniciativas que se fueron presentando y desarrollando desde distintos sectores. En realidad, las bases de una nueva coparticipación ya tienen antecedentes suficientes como para, técnicamente, redactar un proyecto definitivo en un par de días. Hay tantos bocetos y anteproyectos girando en todos los partidos que ése no sería el principal inconveniente, aunque muchos consideran que la versión que más se podría acercar a la realidad fue la redactada por Juan Antonio Zapata. El problema es la decisión política. Como el acuerdo con el FMI obliga a presentar la idea este año, pero da plazo para su votación hasta 2002, la discusión de fondo se dará recién el próximo año, sea cual fuere el proyecto presentado ahora, cuando los gobernadores se sienten a la mesa a discutir el reparto de los impuestos.

Ayer algunos justicialistas ya dieron su opinión. Carlos Ruckauf fue el primero dispuesto a «discutir» con el gobierno la elaboración de un proyecto, pero aclaró que antes se debe definir «de qué ley» habla el Ejecutivo: «Tenemos que discutir de qué ley hablamos, porque a lo mejor el gobierno nacional está hablando de una ley distinta de la que yo hablo, pero es bueno que discutamos la ley de coparticipación», dijo.

José Manuel de la Sota fue más duro y advirtió que si la Nación recorta los fondos coparticipables de las provincias lo único que lograría es «aumentar la hambruna» en el interior del país: « Recortar los fondos de las provincias sería jugar con fuego, porque lo único que van a lograr es aumentar la hambruna y producir más conflictos sociales de los que ya hay», protestó; «¿Cuántos Mosconi quieren tener?», dijo.

Desde la Cámara de Diputados, el rionegrino menemista Miguel Pichetto anunció que «es necesario conocer en profundidad los términos del acuerdo porque nadie le cree al gobierno que el FMI no condicionó la ayuda financiera», dijo. «Si se insiste en extender el ajuste a las provincias no sólo se estaría cometiendo un acto de injusticia, también se estaría borrando con el codo lo que se suscribió con la mano en el último pacto fiscal», sostuvo. El bonaerense Eduardo Camaño lo siguió: «Es impensable que permitamos comprometer el futuro de las provincias a partir de este acuerdo con el Fondo. El piso de coparticipación es inamovible», sentenció.

Con este panorama el gobierno comenzó a analizar el precepto constitucional que obliga a presentar ante el Congreso la ley de coparticipación mediante un convenio entre todos los gobernadores.

• Interpretaciones

«Con el proyecto no hay conflictos, el problema es cuando lleguemos a los numeritos», decía ayer el radical mendocino Raúl Baglini.

Algunas interpretaciones que se están desarrollando en el Ejecutivo consideran que esa obligación constitucional contenida en el artículo 75 de la Carta Magna no es determinante, «porque se ha enviado al Congreso algún proyecto que modifica fondos coparticipables y se ha tratado sin apelar a una ley convenio», decía una fuente del Ministerio de Economía.

Lo cierto es que si se apela a esta interpretación el gobierno podría cumplir con el requisito del FMI sin negociar con los gobernadores y presentar antes de fin de año un proyecto de coparticipación, dejando la parte más espinosa para el año 2002.

Si esto no es así, Domingo Cavallo y Chrystian Colombo deberán ajustarse a lo que indica el artículo 75, inciso 2 de la Constitución e iniciar la discusión con las provincias: «Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente, ni reglamentada y será aprobada por las provincias», dice la ley.