17 de septiembre 2003 - 00:00

Primer fallo grande contra el país por default (u$s 700 M)

Ayer, el equipo económico dedicó toda la jornada a resolver un tema específico: el fallo contra la Argentina por el default decidido por un juez norteamericano por u$s 700 millones. Hubo antes otros fallos, pero nunca por montos tan elevados. Ocurrió a una semana del lanzamiento del plan que Roberto Lavagna presentará a acreedores en Dubai (Emiratos Arabes Unidos) en la cumbre del FMI. La sentencia otorga 45 días al país antes de comenzar con embargos y ejecuciones. Se trata de una demanda iniciada por EM Limited, un fondo que ya con Brasil, antes del plan Brady, trabó durante dos años el acuerdo con sus acreedores. Lo cierto es que el propio Lavagna está pagando el costo de haber demorado tanto el diálogo con los acreedores, entre los que se encuentran 500.000 ahorristas argentinos. Recién lo hizo este año, pero designando a un banco sin experiencia como asesor. Resultado: avanzó muy poco. Antes fue Jorge Remes Lenicov cuando, siendo ministro, en febrero de 2002, dirigió una carta a inversores "pidiendo tiempo". El juez norteamericano criticó, al hablar con los abogados del gobierno argentino, la "constante demora en hacer una propuesta". Nunca un país tardó tanto tiempo en salir del default como la Argentina, que ya acumula 21 meses. El bajo superávit primario acordado con el FMI irritó más a acreedores, y bancos alemanes ya rompieron diálogo.

Kenneth Dart, un tenedor de bonos argentinos en default, ganó una demanda de u$s 700 millones en los tribunales de Nueva York. Dart tenía bonos Global 2008 que fueron emitidos durante la gestión de Fernando de la Rúa por 595 millones de pesos cuando el tipo de cambio estaba uno a uno. Estos bonos el juez consideró que valen hoy 700 millones de dólares sumando al valor nominal los dos años de intereses caídos desde que se declaró el default en diciembre de 2001 (el cupón del Global 2008 que se incumplió fue en marzo de 2002).

«Hay un fondo buitre que, además, impidió el acuerdo con Brasil durante dos años; se trata de una familia americana de apellido Dart»,
dijo ayer Roberto Lavagna, en referencia al grupo que lidera Kenneth Dart, director de Dart Container Group, una empresa de que se dedica a fabricar envases plásticos.

Ayer, todo el equipo de Finanzas que lidera Guillermo Nielsen estuvo abocado a analizar el impacto de este fallo en medio de la propuesta que se les hará a acreedores la semana próxima en Dubai en la asamblea del FMI.

EM Ltd. es la empresa que fundó Dart para comprar bonos de países emergentes en la década del '90.
Su familia fue la única que se plantó solitaria en un canje de deuda entre bancos comerciales y Brasil en abril de 1994, lo que derivó en un acuerdo dos años más tarde. Según la agencia «Bloomberg», la familia Dart, de Sarasota, Florida, que tenía papeles de la deuda brasileña por más de u$s 1.320 millones, acordó dejar de lado una demanda presentada contra el gobierno y Citigroup Inc., que había encabezado las conversaciones que llevaron al canje de deuda de Brasil en 1994. Los Dart se habían negado a aceptar los términos de la reestructuración.

El juez Thomas Griesa, del tribunal federal del distrito sur de Nueva York, falló contra la Argentina el viernes, pero recién se anunció el lunes por la noche.

La Argentina pidió que se aplace la ejecución por 45 días, a lo que el tribunal accedió. En ese lapso podrá apelar la sentencia, algo que podría demorar el proceso pero por sólo 90 días más.

Según «The Wall Street Journal», «es posible que la decisión complique los esfuerzos de la Argentina para negociar la reestructuración de deuda valorada en al menos u$s 76.000 millones, en poder de inversores de todo el mundo». Jonathan Blackman, socio de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, en Nueva York, que representa a la Argentina en los juicios de los bonistas, dijo en una entrevista que había otros dos casos pendientes contra el país sobre deuda impaga por «sumas que no son importantes». Además del juicio de Dart, otros bonistas ganaron demandas contra la Argentina por unos u$s 10 millones.

«La mayoría de los inversores entiende que el litigio no mejora el proceso de resolver la crisis de la deuda soberana»,
expresó Blackman.

Cuando los abogados que representan a la Argentina y a Dart vuelvan a los tribunales a fines de octubre, Griesa debe decidir si demora más la instrumentación de sus dictámenes a favor de los bonistas, señaló Blackman. Si Griesa se niega a hacerlo, los bonistas podrían intentar confiscar bienes argentinos.

En mayo, Griesa rechazó un pedido de algunos bonistas para caratular el caso como una acción colectiva, en nombre de los cientos de miles de inversores. Los juicios deben ser presentados individualmente, dijo.

«Estamos complacidos con la decisión del tribunal de posponer los dictámenes»,
indicó Blackman. «Nos permite seguir adelante con los planes de la República, que son encontrarse con los acreedores en la reunión de Dubai.»

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