Prometen subas de precios para fin de este año

Economía

Lo dijo la ministra Felisa Miceli pero nadie lo cree. Hasta ahora el gobierno nunca cumplió promesas de plazos. No modificó la Ley de Riesgos del Trabajo, lo que está provocando pagos y juicios simultáneos. No quiere disminuir -porque lo disimula y amplía con otra ley en gestión- la indemnización y media. Seis veces prometió e incumplió liberar las ejecuciones hipotecarias. Siempre postergó la actualización de las tarifas de servicios públicos a las privatizadas. El gobierno cree que todas las empresas ganan en exceso -se da y no en exceso únicamente en las que exportan- y basa su economía, "inclasificable" como la calificó el economista Lucas Llach, en ello. Cree que de esa manera mejora la "distribución del ingreso" entre ricos y pobres y no es así. La real distribución de ingresos se está dando hacia los trabajadores de las empresas circunstancialmente más fuertes -a las que someten Moyano padre y Moyano hijo a verdaderas exacciones- pero no desde "los ricos" sino desde las empresas más débiles fruto de esta política económica. El 19% de aumento salarial que impuso Moyano no lo recibieron en el sector privado ni el casi 50% de la masa laboral que trabaja en negro ni 30% de los trabajadores en blanco de empresas muy acosadas en esta época. Esto sin considerar a empleados públicos, que en su mayoría recibieron este año incrementos. En consecuencia el traslado de ingresos, de cada 100 trabajadores, se produce básicamente de los 80 sin mejoras a los sólo 20 que pertenecen a empresas que exportan, con demanda muy dirigida o que pudieron eludir el congelamiento de precios.

Felisa Miceli les confirmó ayer a los senadores del bloque oficialista que no habrá cambios durante este año en la política de acuerdos de precios para controlar la inflación. La ministra concurrió ayer al Senado junto con otros siete integrantes del gabinete para un repaso de casi 12 horas de todos los proyectos del gobierno pendientes en el Congreso.

Hubo allí definiciones y un análisis de las líneas que en materia económica seguirá sosteniendo el gobierno. Bajo el nombre de Seminario, Miguel Pichetto organizó el encuentro entre ministros y senadores que sirvió, además, para descomprimir quejas de los legisladores por el poco trato que se les dispensa en el Poder Ejecutivo.

Se sabe que Néstor Kirchner nunca quiso mantener una relación cercana con el Parlamento, más allá de recibir a solas a algún diputado o senador de su predilección, pero lo cierto es que ni los jefes de los bloques kirchneristas tienen llegada abierta al Presidente. Menos aún, los senadores menos codeados con el poder de la Casa Rosada, que rara vez pueden cruzar opiniones con funcionarios.

Bajo esa mirada, el encuentro de ayer fue positivo, aunque no hubo demasiadas revelaciones por parte de cada uno de los ministros. Estuvo presente casi la totalidad de los senadores oficialistas, con algunas excepciones, como la de Carlos Reutemann y de la propia Cristina Fernández de Kirchner, y por el Ejecutivo desfilaron todos los ministros a excepción de Jorge Taiana y Juan Carlos Nadalich, que estuvo ausente por estar su cartera representada en el bloque PJ por Alicia Kirchner.

Miceli, por ejemplo, defendió en la reunión la política de precios basándose en que existió «una respuesta positiva a la política de acuerdos». Confirmó así que no habrá cambios: «Hubo una desaceleración de las expectativas inflacionarias», dijo la ministra dentro de la sala en la que se reunieron en la presidencia del bloque Frente para la Victoria, alejados de la prensa. De hecho, las explicaciones de los ministros fueron a puerta cerrada y sólo pudieron conocerse por los relatos de senadores presentes.

  • Pymes

    Otro de los temas que debatió la ministra fue la demorada ley de capitalización para las pymes. Ese proyecto fue aprobado en Diputados después de un año y medio de que Roberto Lavagna lo enviara al Senado y tuvo siempre oposición de la AFIP por su alto costo fiscal.

    Inclusive, después en el recinto se restringieron sus alcances para que no fueran beneficiadas también las grandes empresas con ese régimen que permite eximir de Ganancias a los beneficios que se apliquen a la compra de bienes de capital por un período de dos años.

    Esa iniciativa llegó al Senado en épocas de mayor austeridad fiscal para el gobierno. Poco después de anunciarse el aumento de 19% a jubilados, el propio Kirchner dio la orden a sus ministros de frenar el gasto, y el proyecto quedó congelado en el Senado. Ayer se anunció que en 15 días habrá una definiciónpara esa promoción a pymes, aunque no quedó claro si será a favor o para su olvido definitivo.

    La ministra también pidió avances en el proyecto de corresponsabilidad gremial -una iniciativa que fue en origen de Saúl Ubaldini y luego revivió en Diputados gracias a Agustín Rossi-con el que el gobierno busca «blanquear» a casi dos millones de trabajadores rurales. Se confirmó, de todas formas, que esa iniciativa tendrá modificaciones introducidas por Jorge Capitanich, por lo que deberá volver a Diputados. Entre otras cosas, pasará a llamarse Convenio de Recaudación Especial y se debatirá antes de fin de año.

    Ese proyecto fue utilizado ayer para explicar también parte de la política antiinflacionaria del gobierno. «Se buscará incrementar la inversión en bienes y servicios para combatir la inflación, se alentarán los procesos de inversión» y se impulsarán «políticas activas para disminuir» la brecha de distribución de ingresos, dijo la ministra para luego concluir que buena parte de esas acciones se podrá llevar adelante con el «ingreso en la economía formal de los que hoy están en la economía informal» y, para eso, la ley de corresponsabilidad gremial será una herramienta.

    Unas horas después que Miceli hablara a los senadores, le llegó el turno a Carlos Tomada, ministro de Trabajo. El funcionario volvió a ratificar como prioridad del gobierno la reforma a la Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, pero nuevamente faltaron precisiones sobre la fecha en que será enviado el proyecto al Congreso. Capitanich, nuevamente como vocero de la reunión, confirmó que la intencióndel gobierno es garantizarse que la ley que envíe al Congreso no tenga objeciones constitucionales. Es decir, que no pueda ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema o los jueces ante el primer conflicto entre un trabajador y su empresa. Ese punto es el que, en realidad, tiene bloqueado aún el giro del proyecto al Congreso, ya que el gobierno consultó hace casi dos meses a la Corte sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.

    Por lo demás, se confirmó que «la intención de la reforma es que el trabajador tenga dos opciones de indemnización ante un accidente laboral. Pero que ninguna de ellas sea en pago a cuenta de la otra». Es lo que se dio en llamar la «doble vía excluyente», una solución negociada a la incertidumbre que se generó en las empresas cuando la Justicia comenzó a fallar en contra de las indemnizaciones pagadas por las ART, abriendo la vía de la responsabilidad civil.
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