Prorrogarán plazos para discutir con privatizadas

El gobierno remitirá al Congreso un proyecto de ley para prorrogar por otro año la ley de emergencia pública hasta diciembre de 2005. La iniciativa incluirá también un nuevo plazo para cerrar la renegociación de las empresas privatizadas que podría ser el 30 de junio del año próximo. No se descarta, sin embargo, que finalmente ambas fechas coincidan.

En 2003, el Congreso dictó la Ley 25.790 que prorrogó hasta diciembre de este año el período para renegociar los contratos de compañías de servicios públicos. La norma abrió en ese momento la posibilidad de acuerdos parciales o transitorios. También estableció que el Poder Ejecutivo debe enviar las propuestas de acuerdos de renegociación al Congreso, el que deberá expedirse dentro de los 60 días corridos por aceptación o rechazo. Pasados los 60 días, si el Parlamento no se expidió, la propuesta se considerará aprobada. Si, por el contrario, el Congreso se expidiera por el rechazo, el Poder Ejecutivo deberá reanudar el proceso de renegociación.

Ahora, el nuevo proyecto de ley no sólo extendería el plazo ante la evidencia de que los contratos no estarán renegociados antes de fin de año. También modificaría los procedimientos, según confirmó ayer el ministro Roberto Lavagna en un reportaje publicado por un medio gráfico.

• Acta-acuerdo

De acuerdo con el nuevo esquema que propone el gobierno, cada empresa firmará un acta-acuerdo con la unidad de renegociación de los contratos que será sometido a audiencia pública. Luego de haberle incluido las consideraciones que hayan surgido de la audiencia, la Uniren elevará el acta al Congreso, que seguirá teniendo un plazo de 60 días.

Posteriormente, una vez que esté la aceptación o rechazo parlamentario, el acta será firmada por los ministros de Economía y Planificación, elevada a los órganos de control del Ejecutivo, y finalmente aprobada por decreto.

El criterio es evitar el desgaste de los ministros que firman el acta y que pagan el costo político de una decisión que luego puede terminar rechazada. Es, además, una manera de cubrirse frente a aceptaciones como la que se hizo con el acta de Aguas Argentinas. El Congreso la aprobó, pero también hizo recomendaciones para que el Ejecutivo nunca más pusiera en marcha un acuerdo, antes de la aprobación parlamentaria.

Por otra parte, los legisladores opinarán en las audiencias públicas, por lo cual el Ejecutivo tendrá oportunidad de tomar con antelación las objeciones que se le están realizando.

Una situación de ese tipo ya se está dando con la renegociación del contrato de Ferrosur, el ex ferrocarril Roca de cargas, operado por el grupo Loma Negra. El acta de renegociación fue objetada en la audiencia pública por el legislador Jorge Capitanich porque el acuerdo prevé un plazo de 180 días para resolver los llamados «reclamos mutuos» entre la concesionaria y el Estado.

• Complicación

Según esa opinión, los cánones y las multas impagos deben pagarse antes de firmar la renegociación. Este requerimiento podría complicar todavía más al Ejecutivo en varias privatizaciones que tienen reclamos «mutuos» de larga data, como los ferrocarriles y aeropuertos.

Pero también es cierto que en octubre del año pasado, cuando se volvieron a adjudicar por concurso las rutas nacionales por peaje, a concesionarios nuevos y a otros que ya estaban con anterioridad en el negocio, se fijó un plazo de 180 días para solucionar los reclamos mutuos con las empresas salientes, y todavía no se conocen avances sobre esa negociación.