Puerto Rico se declaró en bancarrota y busca histórica restructuración de deuda

Puerto Rico hizo historia al convertirse este miércoles en la primera jurisdicción estatal de EE.UU. en acogerse a un mecanismo de quiebra, bajo el título III de la ley federal Promesa aprobada en junio por el Congreso estadounidense para dar solución a una deuda impagable de 70.000 millones de dólares. Busca una histórica restructuración de deuda.

La normativa de Promesa establece que se recurra al título III solo cuando la negociación entre el Gobierno puertorriqueño y los acreedores se haya agotado sin éxito.

El título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE.UU., paraliza todas las demandas judiciales y tras las reclamaciones y objeciones deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.

En un comunicado, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal -entidad establecida por Promesa-, José Carrión, explicó que la Junta determinó que la medida era "necesaria y apropiada".

Detalló que es el camino adecuado para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, después de que la moratoria que impedía que los acreedores reclamaran en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico dejara de tener efecto a partir del lunes.

Ello abrió la puerta al proceso de quiebra, iniciado hoy, tutelado por la Justicia.

Carrión enfatizó que este amparo al Título III no debe impedir los "esfuerzos para continuar las negociaciones para la reestructuración voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores".

Una deuda a la que el Congreso estadounidense, al que queda sometido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su Constitución, intentó dar solución con la aprobación en junio de 2016 de la Ley Promesa.

"La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello. Esta radicación no representa el final de esas discusiones", dijo Carrión.

En el comunicado, Carrión recordó que el Plan Fiscal recientemente impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal y aplicado por el Gobierno de Puerto Rico contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el pago de la deuda.

"Pero los problemas de liquidez y solvencia del Gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre", remarcó.

En su solicitud de quiebra, la JSF detalla todos los acreedores y remarca que debe alrededor de 12.000 millones de dólares en bonos de la isla.

Bajo Promesa, el Gobierno de Puerto Rico, con el apoyo de la Junta de Supervisión, recuerda la nota, ha propiciado negociaciones voluntarias y mediación en un esfuerzo de llegar a acuerdos consensuados con sus acreedores.

Pero el final el lunes por la noche de la moratoria contra litigios dispuesta en Promesa hace al Gobierno y sus entidades "vulnerables a litigios por parte de sus acreedores".

La radicación voluntaria bajo el Título III impediría dichos litigios mientras permitiría que continuaran negociaciones consensuales.

En su resolución aprobando y certificando la radicación bajo Título III, la Junta de Supervisión especifica cómo la misma cumple con los requerimientos de Promesa para dicha radicación, incluyendo la determinación de la Junta de Supervisión de que el Gobierno de Puerto Rico "hizo esfuerzos de buena fe para llegar a una reestructuración consensuada con sus acreedores".

"La Junta de Supervisión toma esta acción para que el Gobierno de Puerto Rico pueda alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital", concluyó Carrión.

La decisión adoptada tuvo sus primeras reacciones por boca del exgobernador de la isla Alejandro García Padilla, quien apoyó la decisión de Rosselló.

El congresista Luis Gutiérrez dijo sobre el asunto que ya "era tiempo" de que el gobernador Rosselló le pidiese a la Junta de Supervisión Fiscal acogerse a la ley federal para iniciar un proceso de quiebra tutelado.

Por su parte, Eric LeCompte, experto en asuntos financieros y director de Jubilee Estados Unidos, coalición de grupos religiosos que defiende a los sectores sociales más vulnerables, dijo a Efe que se trata de un "paso importante para proteger a los puertorriqueños".

"De esta manera -agregó- la deuda se puede colocar en niveles sostenibles".