Ratificó Moreno el pedido de arresto a directorio de Shell

Guillermo Moreno

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ratificó ayer ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky el pedido de arresto para todos los miembros del directorio de Shell Argentina por el presunto delito de desabastecimiento de gasoil. Esto significa que no aceptó el pedido del presidente de la compañía, Juan José Aranguren, que solicitó asumir toda la responsabilidad por la acción de la filial local de la empresa anglo-holandesa.

Moreno pidió, además, al magistrado que lo acepte como «parte querellante» en el caso de que se inicie un juicio, lo que todavía debe ser definido por Aguinsky.

La acción iniciada por el gobierno contra Shell no tiene antecedentes en lo que se refiere al pedido de prisión para directivos de una empresa por la Ley de Abastecimiento de 1974. Esta situación y la vulnerabilidad legal de los instrumentos invocados por Moreno pueden derivar en un escándalo con desfavorable repercusión internacional.

No puede descartarse, además, que detrás de este movimiento oficial haya una intención de que Shell se vaya del país malvendiendo los activos. Ya en febrero de 2005, antes de que el presidente Néstor Kirchner declarara el boicot a la empresa por un aumento de precio en los combustibles, hubo declaraciones de funcionarios en el sentido de que ENARSA, la empresa estatal de energía, quería comprar Shell Argentina, en sociedad con Petróleos de Venezuela.

La Ley de Abastecimiento 20.680 nunca fue reglamentada, por lo cual en medios judiciales se afirma que se desconocen cuáles son los criterios para aplicar las multas.

Pero además, esa norma legal fue derogada por el Congreso en 1991, dejando vigente sólo un artículo que habilita al Poder Ejecutivo «a dictar normas que rijan la comercialización, intermediación o distribución» de productos y servicios.

Los artículos referidos a las penalizaciones quedaron derogados, pero aun así, los montos de las multas fueron actualizados en 2002 por el gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde.

Interpretación

Según los juristas, la ley que derogó la 20.680 exige que se declare la emergencia de abastecimiento mediante otra norma del Congreso. En el caso de Shell, la única norma que se dictó es la Resolución 25 de 2006 de la Secretaría de Comercio Interior que obliga a las empresas refinadoras de petróleo a producir igual cantidad de gasoil que en el mismo período del año anterior, más un coeficiente relacionado con la evolución del PBI.

Aun cuando se aceptara la vigencia de la Ley 20.680 y de la Resolución 25, las cifras de comercialización de gasoil -proporcionadas por otras compañías y no desmentidas por la Secretaría de Energía- indican que Shell aumentó las ventas en el mercado interno en la proporción exigida.

También podría especularse que ese crecimiento se produjo sobre una base reducida en el primer semestre de 2006, pero esa hipotética situación no está contemplada en la Resolución 25.

En esa norma tampoco se expresa que las refinerías deben aportar gasoil a todas las estaciones en la cantidad que demanden, porque las empresas deberían entonces tener un camión siempre listo frente a cada surtidor.

Por otra parte, cuando Shell acusa al gobierno de « discriminación», hay datos que avalaríanesa presunción. Entre ellos, la reunión mantenida por Moreno con el resto de las refinerías en junio de este año, en conjunto con la cámara que agrupa al transporte de carga, para asegurar el abastecimiento de gasoil en las rutas, que en ese momento no se podía lograr.

«Vine a ratificar todo lo que denuncié», dijo Moreno ayer al finalizar la audiencia con el juez Aguinsky en la sede de los Tribunales de Retiro. También señaló que el magistrado le explicó que para poder resolver la solicitud de prisión deberá primero realizar un juicio correccional.

Sin embargo, antes de tomar una resolución, la sala B de la Cámara en lo Penal debe expedirse acerca de si Aguinsky tiene competencia para continuar con la investigación, ya que la fiscal Alicia Sustaita planteó que la causa debe pasar a manos de un juez de Formosa.

Inspección

El pedido de cambio de jurisdicción fue solicitado por la fiscal ya que en esa provincia fue donde se realizó la primera de las inspecciones en una de las estaciones de Shell y se detectó el faltante de gasoil.

Asimismo, la Sala B de la Cámara deberá resolver la incompetencia planteada por el juez en lo Penal Económico Diego Zysman para intervenir en otras denuncias realizadas por el gobierno contra la petrolera (esto es así porque algunas de las denuncias del Estado recayeron en el juzgado de Aguinsky y otras en el de Zysman).

La semana pasada, este magistrado rechazó un pedido de amparo formulado por Shell, en el que la empresa alegaba que las sanciones administrativas impuestas por el gobierno fueron arbitrarias. En el pedido, la empresa argumentó que fue discriminada por el gobierno y señaló que le correspondieron 64% de las inspecciones de Comercio Interior cuando sólo comercializa 13% del gasoil del total del mercado local. Una vez resueltas las incompetencias, el juez Aguinsky -si resulta competente- debería emplazar a Shell conforme al procedimiento para los juicios correccionales, si es que decide que corresponde.

Desde noviembre de 2006 hasta ahora, la Secretaría de Comercio Interior aplicó a Shell 32 multas por 1 millón de pesos cada una, y desde el 2 de julio Moreno está pidiendo el arresto de los directivos, el que, según la Ley 20.680, puede oscilar entre 90 días y cuatro años.