Reflotan plan para privatizar Yacyretá

El viejo protocolo de 1995, que firmaron la Argentina y Paraguay para introducir capital privado a Yacyretá, lo estudia ahora el gobierno Kirchner como forma de encontrar fondos para terminar la obra.

El gobierno mandó a estudiar a los abogados de la Presidencia (Carlos Zanini), del Ministerio de Infraestructura (Efraín Quevedo Mendoza y Alessandra Miniccelli de De Vido), Economía (Osvaldo Siseles) y al procurador del Tesoro (Horacio Rosatti), la forma más incruenta de reflotar el viejo plan Dromi para introducir la participación del capital privado en la represa deYacyretá.

Ese emprendimiento estuvo ayer en la charla que mantuvo Néstor Kirchner con el empresario mexicano Carlos Slim, uno de los dos a los que el gobierno les sugirió estudiasen la forma de acercarse a ese proyecto: el otro es el presidente de la petrolera estatal Pdvsa, Alí Rodríguez. El primero es el hombre más rico del continente, tiene importantes inversiones en comunicaciones y busca ampliar la participación de su grupo y de los capitales mexicanos en el cono sur. El segundo también es rico -aunque funcionario estatal-es la cabecera de puente del chavismo que, alerta, camina por América latina. Un bombón para el corazón presidencial, al que le gusta arrullarse en la tensión de opciones irreconciliables.

En la reunión estuvo el lobbista habitual de Slim por estas tierras, el propuesto embajador en España Carlos Bettini, que cumple esa misión a partir de su amistad con el representante internacional del mexicano, el ex premier socialista Felipe González.También se sentaron en el despacho presidencial los ministros De Vido yAlberto Fernández.

Voceros del grupo Techint -socio de Slim en la empresa Techtel-se ocuparon ayer de desmentir que estuviera presente en esa cita su titular, Paolo Rocca, como lo había consignado un despacho de la agencia oficial.

El plan que el gobierno piensa usar para avanzar en esa incorporación de capital privado figura en un protocolo que firmaron en 1995 los gobiernos de Paraguay y la Argentina, y prevé la cesión de la obra para su terminación, operación y mantenimientoa una «empresa que se rija por el derecho privado», pero previa licitación pública internacional. Los dos gobiernos, por ese protocolo, autorizan también al Ente Binacional Yacyretá a que «vendan toda la energía posible de ser producida a una empresa que se rija por el derecho privado» también elegida por licitación internacional.

Ese protocolo fue inspirado --según la leyenda del Ministerio de Infraestructura-por el ex ministro José Roberto Dromi en aquel año como una forma de que los dos gobiernos tuvieran capitales para poder terminar la obra y saldar la deuda que le reclaman sus constructores.

• Acreencia

Ese protocolo se pensó para un plazo de 30 años durante el cual laArgentina -que ha pagado la obra y es acreedora del Ente por más de u$s 9.000 millonespercibiría los ingresos provenientes de esa participación del capital privado. Como contraprestación, la Argentina liberaría al EBY de la deuda que tiene con el Tesoro nacional. El Estado nacional asumiría por su lado el pago de los créditos que el EBY tiene con el Banco Mundial y el BID. Esos créditos en realidad han sido ya pagados en más de 70%. La Argentina también asumiría las deudas con proveedores, lo cual incluye el litigio que se discute con la constructora Eriday, que reclama algo así como u$s 1.200 millones que el ente niega como compromiso.

Ese protocolo que firmaron los dos países en 1995 nunca se aplicó y cesó formalmente en diciembre de 1996. El gobierno de Carlos Menem nunca pudo viabilizar esa incorporación de capital privado por el rechazo que entendía había en la opinión pública al proceso de enajenamiento de empresas estatales.

Ahora el gobierno buscará la forma de desfigurar ese protocolo y reactivarlo como la única manera de poder terminar la obra, algo que puede costar unos u$s 800 millones que no tiene quién le dé. Uno de los resultados del viaje que hizo la semana pasada a Buenos Aires el delegado de la región ante el Banco Mundial, el ex secretario Alieto Guadagni, fue el convencimiento de que es mejor avanzar en la fórmula privatista que pedir ese dinero al BID o al Banco Mundial. Esos dos organismos están comprometidos --más allá de las palabras de Enrique Iglesias a Kirchner en Washington en el último viaje a favor de financiar la obracon reclamos de entidades ambientalistas. En el último informe del Panel de Investigación del Banco Mundial se consignaron más de una decena de condicionamientos para la protección ambiental que debería cumplir la obra para acceder a nuevos créditos, algo que en Buenos Aires y Asunción creen que responde a intereses de litigantes por beneficiarse de compensaciones que van más allá de lo razonable.