Campo: escala la tensión con el Gobierno ante la suba de retenciones

Los autoconvocados evalúan movilizarse hacia Capital Federal. La Mesa de Enlace busca de aliados a los legisladores de la oposición, mientras la industria plantea la posibilidad de recurrir a la Justicia.

Las reacciones no tardaron en llegar apenas el Gobierno oficializó la suba de retenciones temporal del aceite y harina de soja y el biodiesel, con el objetivo de conformar un fondo especial para compensar en el mercado interno la suba internacional del precio del trigo que le pega directamente al precio del pan, que en las últimas semanas se llegó a pagar más de $350 por kilo. Por un lado, los productores autoconvocados continuarán hoy con diversas movilizaciones y asambleas al costado de las rutas y por estas horas se baraja la posibilidad de concretar un tractorazo hacia Capital Federal. Mientras tanto, le Mesa de Enlace busca de aliados a los legisladores de la oposición para llevar al discusión al Congreso y por último la industria aceitera plantea la ilegalidad de la medida con la posibilidad de recurrir a la Justicia.

Es un hecho que ante el anuncio oficial de las medidas que llegó de la mano del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el sábado por la mañana, escaló la tensión entre la ya tensa relación entre el campo y el Gobierno. Quizás el sector más duro, los productores autoconvocados, ya habían concretado diversas asambleas durante toda la semana ante el cierre del registro de exportaciones de aceite y harina de soja, donde los puntos de encuentro fueron Rosario, Córdoba y San Pedro. Lo que seguirá de ahora en más serán más asambleas –una de las cuales está prevista para hoy en la localidad de Ceibas, provincia de Entre Ríos- mientras esta facción del sector plantea un posible tractorazo hacia Capital Federal durante el fin de esta semana que sería acompañado además con un cese de comercialización de granos.

En este marco llamó la atención la aparición del hoy diputado nacional Javier Milei en la asamblea de productores que se realizó el viernes pasado en San Pedro, donde realizó un encendido discurso contra el Gobierno y prometió acompañar a los productores “en esta batalla”. El legislador fue más allá al afirmar: “Si la Argentina está al borde del abismo no puede ser que lo tenga que pagar la gente que está trabajando para sostener la casta política”.

Por su parte, los líderes de la Mesa de Enlace, que hasta el momento prefieren despegarse de cualquier tipo de protesta en las rutas, anunciaron que el próximo paso a seguir será recurrir a los legisladores de la oposición para llevar el tema al Congreso de la Nación, tal como sucedió en el conflicto por la resolución 125 en 2008. Por lo pronto, el bloque de la UCR en Diputados emitió un comunicado el sábado en el que dejó claro su posición y adelantando quizás lo que vendrá: “El Gobierno nacional no tiene facultades constitucionales para subir los derechos de exportación, dado que la ley de Emergencia Económica de 2019 y las facultades delegadas por el Congreso expiraron el 31 de diciembre de 2021. El aumento de dos puntos de los derechos de exportación -de 31 a 33%- a la harina y al aceite de soja anunciado hoy debe forzosamente pasar por el Congreso nacional. No se puede aducir la suspensión de un beneficio de un decreto de 2020 porque la facultad delegada del Congreso que existía entonces ya no está vigente”.

También llevando agua para su molino, la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el presidente del bloque en Diputados de ese partido, Cristian Ritondo, repudiaron la medida del Gobierno en una carta abierta dada a conocer el sábado y prometieron su total apoyo al sector. Es por eso que esta es la carta que quiere jugar la Mesa de Enlace para ir contra la medida del Gobierno que busca contener el precio del pan en las panaderías locales mientras el trigo cotiza a valores internacionales récord, lo mismo con los subproductos de la soja.

Finalmente, la industria aceitera, nucleada en CIARA-CEC y quienes en la práctica serán los que tendrán que pagar la suba de retenciones hasta el 31 de diciembre próximo, tal cual estipuló el Gobierno en la resolución, detallaron también en un comunicado su total rechazo de la medida. Y una vez más se puso sobre la mesa la supuesta ilegalidad de la medida y se anunció que los empresarios están evaluando directamente acudir a la Justicia para dirimir el conflicto.

Mientras tanto, desde el Gobierno, buscan no confrontar con ninguno de estos sectores y detallan que la suba de retenciones es meramente temporal y con el claro fin de subsidiar el precio del pan en el mercado interno. Fue el propio ministro de Domínguez quien ratificó en conferencia de prensa el sábado que su compromiso continua siendo no incrementar las retenciones del trigo, maíz y soja, algo que afectaría directamente al productor agropecuario.

Lo cierto es que se espera otra semana movida en la que los distintos actores del campo y políticos de la oposición buscarán frenar la decisión del Ejecutivo vía movilizaciones o en el Congreso. El interrogante, que se plantea hacia delante es si con el actual nivel de inflación en alimentos, donde los mayores perjudicados son los sectores medios bajos y bajos, hay lugar para maniobras de este tipo que en la práctica rechazan una medida que busca frenar la escalada inflacionaria.