Riesgoso: pide más poder Kirchner y declara dura emergencia económica

Néstor Kirchner le pidió ayer al Congreso que renueve la declaración de Emergencia Pública y, al mismo tiempo, aumente sus poderes para salir de esa situación. Se lo faculta a «adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública». Es una fórmula nueva que utiliza el Presidente no sólo para acumular poder. Necesita mantenerla declaración de emergencia también para mostrar al exterior que el país no ha salido de la crisis y evitar así que jueces habiliten reclamos de acreedores. Hoy el Congreso hará una clara demostración de la obediencia ciega al Poder Ejecutivo. Iniciará una maratón de 48 horas para aprobar el Presupuesto nacional 2006, la prórroga de impuestos, el decreto que modifica la Ley de Convertibilidad y la renovación por un año de la Emergencia Pública, entre otros proyectos. En esa línea, ayer los senadores dieron otra muestra de poca seriedad en su proceder: en 10 minutos emitieron los dictámenes de todos esos proyectos, sin debatirlos ni explicar la ausencia de funcionarios que debían informar.

El proyecto de prórroga de la Ley de Emergencia-Pública que el gobierno envió ayer al Senado no sólo renueva todas las facultades que esa ley le otorgó al Ejecutivo en 2002 -de hecho, la única que tiene hoy efecto práctico es el poder para seguir negociando acuerdos con empresas de servicios públicossino que incorpora en su primer artículo una nueva delegación más amplia y sin límites precisos.

El gobierno debió impulsar el proyecto a último momento para cubrir un olvido del día que con euforia se anunció el pago al Fondo: la posibilidad que jueces del exterior avancen contra una Argentina que demuestra con esa medida tener capacidad de pago. El peligro, además, es concreto al quedar afuera de la categoría estricta de reservas de «libre disponibilidad» que se utilizan en la operación.

• Pedido

Es, además, una contramarcha de la decisión que había tomado el gobierno cuando anunció que sólo pediría al Congreso prorrogar un tramo de esa ley, precisamente el que le permite negociar con las empresas privatizadas y someter los acuerdos a ratificación posterior por votación o la mera sanción ficta. Es decir que trascurridos 60 días de ingresados en el Parlamento sin que se hubieran tratado, esos acuerdos se dan por aprobados.

Esa facultad había sido pedida en un proyecto que iba a votarse hoy en Diputados y que ahora queda incluido en la prórroga general de la Ley de Emergencia Pública, la 25.561.

La diferencia es lo que se incluye en el primer artículo del proyecto: «Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública». La imprecisión de semejante facultad que se otorga al Ejecutivo es la base del peligro institucional que sigue profundizando un Congreso que delega poderes casi sin pensar, como sucedió ayer y se ratificará hoy.

La ley que entró en el Senado -y que recibió dictamen de inmediato en la Comisión de Presupuesto y Hacienda (ver nota aparte)-, tiene, en realidad, el sentido de atender otra emergencia, que nada tiene que ver con la económica, que por otra parte se pensaba superada. Es la que se le presentó legalmente al gobierno al decidir por un decreto de necesidad y urgencia el pago de u$s 9.810 millones como cancelación total de su deuda.

Al apetito del Ejecutivo por tener cada día más facultades se suma así la necesidad de declarar en el Congreso que la Argentina sigue en emergencia para intentar frenar a los acreedores del país, esencialmente a los bonistas que no ingresaron en el canje de deuda, que volverán a litigar alegando que la Argentina ha demostrado su capacidad de pago al adelantar el vencimiento al Fondo.

Sólo así se explica que se pida una nueva prórroga de la ley de excepción hasta el 31 de diciembre de 2006, ratificando también la prórroga de la emergencia sanitaria, ocupacional, alimentaria y del Plan Jefas y Jefes.