Rodríguez Saá prometió bajar ley laboral y se pelea con senadores
Adolfo Rodríguez Saá prometió ayer a los "gordos" de la CGT que enviará una ley al Congreso para derogar la polémica reforma laboral, aprobada en mayo de 2000. Sin fecha de presentación, la iniciativa presidencial no se funda en el contenido de la ley de trabajo -que, si se cae, favorecerá a los convenios colectivos más retrógrados-, sino en que, a su modo de ver, fue sancionada con sobornos por el viejo Senado. En ese sentido, Rodríguez Saá rescató delante de Rodolfo Daer, Hugo Moyano y compañía la actitud de Antonio Cafiero -promotor de las sospechas sobre supuestos sobornos- y los votos en contra de Carlos Sergnese, Héctor Maya, Daniel Varizat y de su propio hermano, Alberto Rodríguez Saá. Prometió respaldar la nueva moneda con inmuebles del Estado, como la Casa de Gobierno, el Congreso y las embajadas en el exterior.
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La conversación se prolongó un minuto más con una prevención, casi un pedido: Rodríguez Saá advirtió que la emisión de «argentinos» será dificultosa y que habrá que esperar por lo menos un mes para que estén en circulación. No todos los presentes captaron lo que les estaban diciendo: sencillamente, que requeriría de la colaboración sindical para amortiguar el malhumor que puede generarse a partir de la demora en la entrega de esa «tercera moneda».
Una vez en el salón Vallese, despojado ya del saco para cumplir con la estética de la casa, Rodríguez Saá reiteró su planteo inicial, fortalecido ahora por la barra que lo vivaba, casi tanto como a Moyano. Sobre todo cuando habló del Senado y de la aprobación de la reforma laboral con «procedimientos de corrupción». Como se sabe, el camio-nero fue el primer sindicalista en impugnar esa ley con los mismos argumentos, que le proveyó el abogado Héctor Recalde, quien ahora secundará a Britos (también iría al ministerio Lucio Garzón Maceda, si es que acepta la invitación, y Mario Sanz, laboralista ligado a Barrionuevo).
La embestida de «el Adolfo» contra los senadores que aprobaron el híbrido laboral de 2000 provocó movimientos inmediatos en la bancada del PJ. José Luis Gioja buscó enseguida a Marcelo López Arias para ir, juntos, a visitar al Presidente y pedirle que suspendiera con sus críticas. Las razones son más que evidentes: Rodríguez Saá requerirá de un par de leyes clave que son difíciles de conseguir sin la aquiescencia de los senadores, muchos de los cuales pertenecieron al bloque que aprobó la malhadada reforma. No faltó anoche el legislador que, como primera reacción, pensó en que la Justicia citara a Rodríguez Saá a presentar las pruebas de sus dichos.




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