Se complica acuerdo con privatizadas

Después de haber conseguido la ratificación en el Congreso del acuerdo transitorio por la renegociación del contrato de Edelap, al gobierno se le comenzó a complicar el segundo round: la aprobación del acuerdo con los operadores portuarios.

Ayer, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Ejecutivo escuchó un rosario de críticas al acuerdo cerrado por el gobierno con esas empresas y terminó citando al UNIREN -la unidad de renegociación de contratos integrada por Roberto Lavagna y Julio De Vido, representados allí por Gustavo Simionoff y Lisandro Sala para que expliquen por qué el nuevo acuerdo mantiene dolarizadas las tarifas de los servicios que prestan los operadores portuarios y, sobre todo, si éstas son caras o si están acordes con los estándares internacionales.

El problema en esta ocasión no es sólo la oposición del radicales y aristas, sino, además, que el propio peronismo está absolutamente dividido desde el inicio de la discusión.

La comisión, presidida por Silvina Leonelli, se reunió con Graciela Camaño, Hugo Toledo y María América González para recibir las protestas de la Cámara de Exportadores, la Unión Industrial Argentina, Raúl Ramos del Sindicato Unico de la Administración Portuaria y Javier Rodríguez, técnico especialista de la UBA. En ese encuentro no se escucharon más que críticas al acuerdo renegociado por el gobierno, a saber:
. Alberto Ibáñez, por la UIA, y Enrique Mantilla, por los exportadores, explicaron las contradicciones en que, dicen, incurrió la UNIREN al informar sus niveles de rentabilidad y justificar la necesidad de aplicar tasas dolarizadas.

La UIA puntualmente explicó el concepto de servicio público que tiene la operación en puertos y denunció los efectos que podría tener un monopolio natural como ése -»una gran cantidad de contenedores debe pasar sí o sí por el puerto de Buenos Aires», se dijo-con tasas dolarizadas.

De acuerdo con los industriales, «no se puede elegir dónde cargar y descargar, lo que obliga a que, en la fijación de las tarifas, sea fundamental el rol del Estado». Por eso presionaron a los diputados para que no acepten la dolarización de tarifas que convalidó el gobierno.
. En la queja se explicó que sólo 30% de los gastos operativos de puertos puede ser en dólares, pero «70% es estrictamente en moneda nacional, y está conformados por los salarios, tasas, impuestos. Estas tarifas pretendidas afectarían decididamente el costo de vida», explicaron.

Frente a tanta denuncia, y a la explicación de Rodríguez sobre la deuda que mantendrían algunas de esas empresas con el Estado durante tres períodos, lo que sería causal de rescisión, los diputados decidieron fijar una nueva audiencia el próximo martes a las 14 a la que citaron a la UNIREN para que explique las diferencias.