Sin acuerdo por suba de tarifas

El Ministerio de Economía analiza llamar a audiencias públicas para debatir aumentos de tarifas en gas y electricidad, dentro de lo previsto en las leyes de marco regulatorio de esa actividad.

Los debates serán organizados y presididos por los entes reguladores correspondientes, según las normas en cada caso, y las subas se encuadrarán dentro de lo contemplado en las leyes para circunstancias imprevistas que ameritan un ajuste extraordinario de tarifas (en este caso la devaluación y la inflación).

Anteriormente, el Palacio de Hacienda convocó a audiencias por el mismo tema a través de la comisión renegociadora de los contratos de los servicios públicos. El propósito era tratar «aumentos de emergencia», a cuenta de la futura renegociación para luz, gas, aguas, peajes y teléfonos.

Pero esas audiencias fueron suspendidas por la Justicia y aunque el gobierno apeló, la resolución judicial definitiva podría durar varios meses. Por otra parte, la anterior convocatoria era débil desde el punto de vista legal, y es difícil que el gobierno logre un pronunciamiento favorable en segunda instancia o aun en la Corte.

Esto es así porque la comisión renegociadora de los contratos no está habilitada por la ley de emergencia pública para tratar aumentos de tarifas, y éstos no están contemplados en esa norma legal independientemente de una renegociación integral de cada contrato.

Para responder al pedido del Fondo Monetario, y por temor a que los servicios de luz y gas tengan inconvenientes en los próximos meses (sobre todo la electricidad si el verano resulta muy caluroso y hay alguna reactivación de la industria), Economía plantea ahora llamar a audiencias públicas por la vía de las leyes de los marcos regulatorios de esos servicios.

Esto atenuaría la situación para los servicios que más inconvenientes tendrían por la pesificación y congelamiento de las tarifas, y en los cuales la posibilidad de cortes del suministro o de deficiencias en la seguridad, pueden tener un alto impacto en la opinión pública.

Con todo, este proyecto de Economía, que implica por primera vez un camino posible y no vulnerable legalmente para llegar al aumento de tarifas, fue contrarrestado aun antes de definirse, por declaraciones del secretario de la Presidencia, José Pampuro.

Este funcionario admitió que un ajuste en el precio de las tarifas de los servicios públicos «es uno de los puntos que fijó el FMI, pero el gobierno ya fijó su política y esto no lo va a cambiar».

«No podemos en este momento en que estamos saliendo de un proceso recesivo muy fuerte y con una economía muy deprimida pegar un golpe más a quien en definitiva pone en marcha la economía, que son los consumidores y la gente en general», argumentó Pampuro.

Lo llamativo es que el presidente Eduardo Duhalde parecía convencido de que iba a haber aumentos de tarifas, cuando anunció que no habría subas para los que menos consumen en gas y electricidad. Ahora, ese anuncio parece ser sólo político, y en realidad no se esperaba autorizar ninguna suba. O dicho de otra manera, el gobierno ya sabía que las anteriores audiencias estaban tan mal llamadas que siempre la Justicia las iba a parar.