Se suponía que el frente energético sería el más sosegado durante un gobierno de Néstor Kirchner. El prejuicio proviene de pensar que, al tratarse de un ex gobernador de una provincia proveedora de hidrocarburos, el Presidente y su equipo poseen un saber técnico y un conocimiento de los actores del negocio que les permitiría prever los problemas, cuando no evitarlos. Se trata, en efecto, solamente de un prejuicio. Los conflictos que rodean la producción de energía, sobre todo de gas, prometen complicar cada vez más a la administración. Basta mirar lo que sucedió la noche del jueves pasado en Neuquén, donde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado decidió tomar durante casi seis horas los pozos gasíferos e interrumpir el suministro de ese producto a Chile y a Buenos Aires. Alrededor de este episodio se desataron todas las inter-nas. Las verdaderas y las fantaseadas, como sucede siempre que existen enemistades automáticas y antiguas.
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Las plantas tomadas por el sindicato corresponden a tres empresas. La más afectada es Total Austral, compañía francesa que litiga contra el Estado en el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) y que, por lo tanto, está entre las preferidas en las animadversiones oficiales. Pero también a Repsol YPF y a Chevron las dañó la interrupción del servicio. Lo de Total no podría haber sido más oportuno: hoy Rafael Bielsa recibirá a Dominique de Villepin, su colega en el doble sentido de la palabra, ya que es canciller de Francia y, además, poeta. Es una picardía que, teniendo tanto para compartir en el orden del espíritu, terminen hablando de gas. Pero ésa es la crisis.
La toma de los pozos de Total es uno más de los disgustos franceses en la Argentina. ¿Cómo hacer para que los empresarios de ese país no sospechen que la maniobra fue un sabotaje oficial, llevado a cabo por sindicalistas? ¿No existe un antecedente similar en el caso de Carrefour, con Hugo Moyano, que consiguió un encuadramiento especial del Ministerio de Trabajo a fuerza de bloquear la entrada de los supermercados con sus camiones?
• Tolerancia
Sin embargo, esta sospecha, comprensible en la empresa, sería infundada: la toma de los pozos originó, en la alta noche del jueves, una crisis dentro del gobierno. El secretario de Energía, Daniel Cameron, buscó durante la madrugada a Gustavo Béliz para que le explicara por qué los piquetes del sindicato pudieron ingresar en las plantas petroleras, trasponiendo el control de la Gendarmería sin sanción alguna. Si hubiera contestado a los llamados, Béliz podría haber dicho que en Neuquén se lleva adelante la misma política que en la Capital Federal, según la instrucción de las máximas autoridades: tolerar los desbordes y medidas de acción directa. ¿O es otro el criterio con que se trata a los piqueteros cuando deciden tomar la Avenida 9 de Julio? Acaso Cameron razona con otra lógica y supone que la afectación de recursos energéticos debería ser reprimida más que otro tipo de atentados contra la propiedad o la circulación. Curioso cambio de temperamento según la geografía.
Del mismo modo que en la empresa, en la Secretaría de Energía creen ver una mano oculta en el boicot de Neuquén. Sospechan que los productores de gas ven con buenos ojos este tipo de colapsos, que servirían, al fin y al cabo, para que el gobierno llegue a un acuerdo en el precio de ese combustible. En el caso de Total Austral, esta fantasía está alimentada por algunos indicios firmes: Julio De Vido comentó varias veces en Madrid, durante el viaje de la semana pasada, que los franceses terminarán pagando con la concesión de los pozos petroleros su recurso ante el CIADI. Sin duda, se trata de una amenaza en medio de la negociación, pero ¿cómo evitar recordarla cuando se producen golpes como el que dio el sindicato la semana pasada?
Las presunciones cruzadas del gobierno y las empresas no tendrían, a pesar de su verosimilitud, demasiado fundamento. La crisis de Neuquén es gravísima, sobre todo, si se la mira desde el lado chileno. Pero, al parecer, estuvo alentada solamente por una demanda sindical por salarios. El titular de la filial neuquina del gremio de los petroleros privados es un combativo del estilo Moyano. Se llama Guillermo Pereyra y está acostumbrado a la toma de yacimientos. Ultimamente, encontró una razón más para su combatividad: disputa la conducción nacional del sindicato, en contra de Rubén Ferreyra, el here-dero de Julio Miranda, senador por Tucumán y ex gobernador de esa provincia.
El carácter impulsivo -llamémoslo así- de Pereyra ya produjo más de un conflicto internacional. En tiempos de Eduardo Duhalde, cuando comenzó a discutirse la dolarización del precio de los hidrocarburos, también se invadieron campos de petróleo y gas, y se provocó una alerta roja en Chile. En ese país, la dependencia energética de la Argentina es motivo de debate interno desde hace años. Un sector de la dirigencia política, sobre todo el más ligado a la izquierda, le imputa al gobierno haber quedado a merced de los vecinos trasandinos en un insumo crucial para la economía. El episodio del jueves hizo recrudecer esa polémica.
• Contrapunto
Mirado desde la Casa Rosada, en cambio, el episodio del jueves ofrece otros pliegues. Como el sindicalista Pereyra fue ministro de Trabajo del gobernador Jorge Sobisch, Kirchner cree que la crisis energética con la que se amenaza desde Neuquén está alentada por su enemigo político. Es sabido que el mandatario del Movimiento Popular Neuquino sueña con un destino presidencial y que se ha propuesto desafiar al gobierno de la Nación en un contrapunto permanente sobre varias materias. El tratamiento a los piqueteros es una. El precio del gas, otra: Sobisch presentó un proyecto en la Legislatura provincial para provincializar los hidrocarburos y, de paso, ajustar el precio del gas llevándolo a u$s 1,40. «En Neuquén no subsidiamos a los ricos», predica, refiriéndose al combustible barato que recibe hoy la industria gracias a la política de precios seguida por la Nación.
Importa lo que sucedió en Neuquén por la gravedad que supone la interrupción de un insumo como el gas, sobre todo, cuando afecta a las relaciones internacionales. También es delicado si se lo mira como un caso de tratamiento a las inversiones extranjeras. Pero lo que más interesa del episodio es lo que anticipa: si se llega al invierno con estas tensiones desatadas, nadie podrá garantizar la provisión del servicio. En tal caso, habrá que recordar lo que el presidente de Repsol le dijo al ministro De Vido, cenando en Madrid: «Primero insultarán a las empresas, un par de días; pero cuando se trata de servicios públicos, el destinatario de los cacerolazos es siempre, al final, el gobierno. Medítelo don Julio».
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