Los diez gobiernos provinciales que emitieron cuasimonedas durante los últimos años dejaron a partir de la segunda mitad de 2002 de utilizar este medio como principal vía de financiamiento de sus déficit fiscales. La tendencia es liderada por Buenos Aires -que rescató gran parte de sus patacones-y tiene apoyo en el aumento nominal de la recaudación impositiva de la mayoría de los distritos.
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Según un trabajo realizado por el Centro de Estudios Bonaerense (CEB), fue la suba de los ingresos tributarios -que desde mayo repuntaron fuertemente acompañando la inflación-la que permitió a los ministros de Hacienda provinciales cumplir con el compromiso de frenar la emisión de títulos, que alcanzaban a fines de noviembre los $ 7.782 millones, incluyendo los LECOP nacionales, que representan unos $ 3.300 millones. La contrapartida se expresa en la coparticipación federal, ya que estos envíos de Nación cayeron en el período enero-octubre, a pesar de que, según los gobiernos provinciales, deberían servir para el rescate de las cuasimonedas.
«Después de experimentar el nivel más alto en julio, los bonos provinciales comenzaron a dejar de ser utilizados como fuente de financiamiento de los déficit de caja para ser sustituidos por los ingresos provenientes de los impuestos locales», explica el estudio del CEB. En rigor, este retroceso está muy relacionado con la provincia de Buenos Aires que ese mes inició el rescate de $ 615 millones en patacones serie A, de los cuales aún circulan $ 77 millones. También Córdoba empezó hace alrededor de un mes el rescate parcial de los Lecor, de las cuales ya recuperó unos $ 75 millones, sobre un total emitido superior a los $ 800 millones. En esta provincia, la operatoria oficial para sacar el bono de circulación hizo subir su cotización de $ 0,87 a $ 0,91 en el mercado financiero, aunque no logró revertir la quita que efectúan los comercios a los clientes que intentan utilizarlo para la compra de bienes, ni los sobreprecios en algunos productos específicos como la nafta. Según argumentan los gobiernos provinciales, los rescates deberían hacerse con adelantos de la coparticipación federal, que Nación no logró cumplir pese a los acuerdos fiscales firmados durante el año. De hecho, los envíos de fondos coparticipables se redujeron en el período enero-octubre 20 por ciento con relación al mismo período de 2001. A pesar de que este dinero no llega, la suba en la recaudación permite no sólo dejar de emitir sino empezar a rescatar, como en Buenos Aires y Córdoba. En este sentido, el CEB vaticina que para todo 2002, los ingresos fiscales nominales del distrito bonaerense superarán en 10 por ciento los del año pasado.
En todo el país, hasta octubre, la recaudación por impuestos provinciales subió 3% promedio, empujada sobre todo por Ingresos Brutos, tasa sobre el consumo que más acusó el impacto de la inflación.
Ese incremento recaudatorio podría impactar no sólo en el volumen circulante de bonos sino también en los porcentajes de los sueldos públicos que se pagan en cuasimonedas. Así al menos lo señaló el ministro de Hacienda de Entre Ríos, Oscar Verón, quien aseguró que desde julio no se emiten federales -bonos provinciales que circulan por un valor nominal de más de $ 300 millones, y que se colocan con dificultad en el mercado, casi siempre por menos de 60% de su valor. Este funcionario señaló que «la recaudación de noviembre fue 44% superior a la del año pasado, y se mantuvo en los valores de octubre de este año»; y opinó que si Nación concreta los adelantos que comprometió y arma un cronograma «aceptable» para la coparticipación del año que viene, la provincia «está estudiando bajar el porcentaje que paga en bonos» a sus empleados.
Entre Ríos es un caso extremo, pero su ecuación fiscal de recursos y gastos es similar a la de la mayoría de las provincias que poseen cuasimonedas como Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, La Rioja, Tucumán y Mendoza en cuanto a que no alcanza lo recaudado para cubrir la masa salarial: recauda unos $ 23 millones, recibe otros $ 50 millones por coparticipación, y debe pagar cada fin de mes unos $ 60 millones en sueldos. En este marco, la retirada de los bonos sigue dependiendo de una decisión del Ministerio de Economía nacional, que a su vez está ligada a que se concrete el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o a que el Banco Central decida utilizar parte de las reservas que viene acumulando -ya superó los $ 10.300 millones-para asistir a las provincias en el rescate de los títulos.
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