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• Efecto sicológico
La decisión del Ministerio de Economía de acudir a la Corte Suprema para solicitar un recurso de «per saltum» con el objetivo de frenar los recursos de amparo, es una cuestión clave para el FMI. La salida de fondos por decisiones judiciales continuó en octubre e incluso la cifra final habría superado los $ 1.000 millones.
Para los técnicos del Fondo, los amparos continúan siendo el principal escollo para contar con un «ancla monetaria» que se viene reclamando hace varios meses. La necesidad de conseguir un fallo definitivo de la Justicia que detenga este drenaje de depósitos figura, incluso, en el borrador de la Carta de Intención.
• Créditos
Un eventual freno definitivo de los amparos podría -a su vez-alentar la reaparición de la oferta de créditos. Hoy los bancos manejan su excedente de liquidez (producto del aumento de plazos fijos a un ritmo de 25% mensual) con mucha cautela: una parte se invierte en las Lebac que emite el Banco Central, pero otra parte es mantenida en caja para hacer frente a los retiros provocados por decisiones judiciales, que superan los $ 1.000 millones mensuales.
La postergación por 30 días del Canje II apunta, asimismo, a ordenar la situación monetaria. Con la aceptación de apenas 5% de los ahorristas, los bancos quedan con unos $ 18.000 millones reprogramados, que deben a comenzar a devolver el año que viene.
La situación se complicaría, particularmente, a partir de junio -ya con el nuevo gobiernoporque las entidades tendrán que devolver unos $ 1.000 millones en promedio por mes. Se trata de una liberación muy pesada de recur-sos que sí podría generar efectos inflacionarios y presionar sobre el dólar.
Por eso, se le dará más tiempo a las entidades para convencer a los ahorristas de optar por los BODEN o las Letras bancarias, con el objetivo de «limpiar» lo máximo posible el monto que quedará reprogramado.




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