Alertan por un "impuesto encubierto" en las tarifas de luz y gas

Cuestionan que el rediseño de subsidios permita cobrar por encima del costo de la energía para financiar infraestructura, sin debate en el Congreso.

Según alertó la diputada, con una simple resolución administrativa, el Gobierno habilita que en 2026 muchos usuarios paguen 103,4% del Precio Estacional de la Energía (PEST). "Pagar más del 100% del costo real NO es tarifa: es sobrecargo", indicó.

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La diputada nacional Jimena López (Frente Renovador) encendió una fuerte polémica en torno a la nueva política tarifaria del Gobierno nacional al denunciar que la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía introduce “un impuesto encubierto” dentro de las facturas de electricidad y gas natural. La legisladora presentó observaciones formales durante la consulta pública abierta por la norma y reclamó que cualquier rediseño de subsidios y tarifas sea debatido y aprobado por el Congreso de la Nación.

“No se trata de un simple reordenamiento de subsidios, sino de la instalación de un impuesto encubierto dentro de la boleta de luz y gas”, advirtió López en un hilo publicado en su cuenta de X, donde desglosó los puntos más críticos del nuevo esquema que comenzaría a regir a partir de 2026.

La resolución no sólo redefine quiénes accederán a subsidios, sino que también fija el sendero de los precios mayoristas de referencia de la energía. Según el diseño oficial, el sistema pasará a tener apenas dos categorías: “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”. El acceso al beneficio quedará limitado a familias con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales -hoy equivalentes a $3.641.397 mensuales- y que, además, cumplan determinados criterios patrimoniales.

“El Gobierno anuncia que siete millones y medio de hogares van a pagar sin subsidios. Pero cuando leés los documentos, lo que hacen en realidad es redefinir qué significa ‘no estar subsidiado’”, señaló la diputada.

Cobrar más que el costo: el eje de la denuncia

Para López, el punto más delicado del esquema no es únicamente quién queda dentro o fuera del sistema de subsidios, sino qué implica concretamente la categoría “sin subsidio”. Según el Informe Técnico oficial que acompaña la Resolución 484/2025, en 2026 los usuarios considerados “sin subsidio” -hogares de mayores ingresos y consumos que excedan el bloque básico- pagarán en promedio el 103,4 % del costo mayorista de la energía.

Esa diferencia por encima del costo real se justifica oficialmente como una “contribución a costos fijos del sistema, infraestructura y programas de eficiencia”. Para la legisladora, allí radica el núcleo del problema.

“La trampa está en la definición. La gente cree que ‘sin subsidio’ es ‘me cobran lo que sale’. Pero el propio documento oficial dice que a esos usuarios les van a cobrar por encima del costo para financiar obras de infraestructura. Eso no es una tarifa, es un impuesto encubierto dentro de la boleta de luz y gas”, denunció.

Impuesto encubierto en la boleta. "Con una simple resolución administrativa, el Gobierno habilita que en 2026 muchos usuarios paguen 103,4% del Precio Estacional de la Energía (PEST). Pagar más del 100% del costo real NO es tarifa: es sobrecargo", dijo la legisladora

Según la diputada, ese 3,4% (por encima del 100%) ya suena a "dinero mal logrado". "Tenemos antecedentes aunque ustedes digan que es para costos fijos, infraestructura y eficiencia. Y lo peor es que ya existe un cargo específico para obras. Quieren sumar un “plus” escondido", indicó.

Infraestructura, fondos disueltos y doble cobro

López también puso el foco en una contradicción estructural del esquema. Mientras se avanza con este nuevo mecanismo de financiamiento a través de las tarifas, el Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) mediante el Decreto 234/2025, un fondo que históricamente se financiaba con cargos incluidos en las facturas de electricidad.

“Tal vez muchas familias no lo saben, pero ya están pagando infraestructura eléctrica en cada boleta. El Gobierno sigue recaudando un cargo para infraestructura a pesar de que liquidó el fondo de transporte eléctrico y la obra pública en energía está prácticamente paralizada”, afirmó. Y agregó: “Ahora encima reconocen que al usuario sin subsidio le van a cobrar más del 100 % del costo para financiar obras que no se hacen. Es hacer pagar dos veces a la gente por una infraestructura que no ve”.

Un esquema “pensado para un país que no existe”

Otro de los cuestionamientos centrales apunta a los criterios de segmentación. Según la diputada, el diseño desconoce las profundas asimetrías energéticas y sociales del país. El umbral de ingresos y los consumos base se aplican de manera prácticamente homogénea, sin contemplar las diferencias climáticas entre regiones, las provincias donde la calefacción es mayoritariamente eléctrica ni la informalidad y estacionalidad de los ingresos en el interior.

“Es un esquema pensado desde el Ministerio de Economía para un país que no existe. Un modelo único de subsidios para realidades completamente distintas”, sostuvo López. Y advirtió: “El resultado va a ser gente del norte y del sur pagando tarifas impagables por no encajar en la foto que ven desde el Palacio de Hacienda”.

Contradicciones normativas y debate institucional

La legisladora también recordó que la propia Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio estableció que las facturas de servicios públicos no pueden incluir cargos ajenos al servicio contratado por el usuario.

“Primero dictan una resolución diciendo que en las boletas no se pueden esconder extras, y ahora usan el renglón ‘energía’ para cobrar por encima del costo y financiar otros conceptos. Es una contradicción evidente dentro del propio Ministerio de Economía”, cuestionó.

Además, rechazó que el Gobierno intente legitimar el nuevo esquema únicamente a través de una consulta pública no vinculante de 15 días. En ese sentido, recordó el fallo “CEPIS” de la Corte Suprema, que exige instancias de participación robustas en materia tarifaria.

“Una consulta online que dura unas semanas, que casi nadie conoce y que además es no vinculante, no puede reemplazar una audiencia pública seria, ni mucho menos el debate en el Congreso”, sostuvo. Y advirtió que, de avanzar el esquema, se evaluarán “todas las vías jurídicas, incluida la judicialización”.

“No estamos en contra de revisar los subsidios: estamos en contra de que el ajuste se esconda adentro de la factura y se haga sin control democrático”, concluyó López. “Las tarifas no pueden convertirse en el nuevo sistema de recaudación paralelo del Estado. Este esquema tiene que venir al Congreso, discutirse de cara a la sociedad y corregirse para que no castigue a la clase media y a las regiones más vulnerables del país”.