En Chile proponen una ley de Glaciares como la que se dicute en Argentina

En el marco de la PDAC 2026 de Canadá, circuló una carta publicada que no pasó desapercibida para quienes siguen el debate regulatorio minero en la Cordillera de los Andes.

Mientras Argentina intenta ordenar su marco regulatorio para atraer inversiones mineras, en Chile algunos ya empiezan a preguntarse si no llegó la hora de escribir su propia ley de glaciares.

Foto: Minería y Desarrooloo

Horas antes de la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile comenzó a cirular en ámbito mineros una iniciativa extraoficial para lanzar una ley de Glaciares similar a la versión argentina, que incentive nuevas inversiones en proyectos de cobre y litio en la Cordillera de los Andes. De hecho, Javier Milei participará de la toma de mando de Kast y no se descarta que ambos mandatarios hablen de minería.

Según informó Reporte Minero, uno de los primeros cambios impulsados por Kast fue la reorganización institucional del área económica y minera. El nuevo gobierno optó por unificar la conducción de Minería y Economía, dejando ambas carteras bajo el mando de Daniel Mas, decisión que generó dudas en parte de la industria por su supuesta falta de experiencia minera directa. La agencia Reuters reveló que gremios y actores del sector advirtieron sobre el riesgo de debilitar el foco técnico de una actividad con desafíos altamente específicos.

Otro de los principales puntos de presión para la nueva administración será el sistema de permisos. El sector minero viene reclamando desde hace años que los procesos de aprobación ambiental y sectorial son excesivamente lentos, costosos y fragmentados.

Chile también busca ampliar su base minera. A fines de enero, el país presentó su primera estrategia nacional de minerales críticos, incorporando una lista de 14 recursos prioritarios, entre ellos cobre, litio, molibdeno, renio, cobalto, tierras raras, antimonio, selenio, telurio, oro, plata, hierro, boro e yodo.

El país vecino mantiene una posición dominante en cobre, el desafío ya no es solo producir más, sino sostener competitividad en depósitos cada vez más profundos, envejecidos y de menor ley. En tanto, el litio seguirá siendo un eje de atención. Chile mantiene una posición privilegiada por sus salares de bajo costo, especialmente en Atacama.

Una ley de glaciares para Chile

Adicionamlente, en el marco de la PDAC 2026 de Canadá, circuló una carta publicada en Diario Financiero que no pasó desapercibida para quienes siguen el debate regulatorio en la Cordillera. Su autor, el consultor Juan Ignacio Guzmán, gerente general de GEM Mining Consulting, dejó un mensaje claro: Chile necesita ordenar su propia discusión sobre glaciares si quiere competir en serio por inversiones mineras.

La relevancia del sector es estructural para Chile. De acuerdo con el análisis sectorial citado por Mining.com, la minería chilena representa cerca de 11% a 12% del PIB, y su impacto supera el 20% si se consideran efectos indirectos.

El planteo es interesante porque toma como referencia lo que ocurre en Argentina. Según Guzmán, la reciente discusión sobre la modificación de la ley de glaciares busca reducir la incertidumbre regulatoria, delimitando mejor qué es ambiente periglacial y priorizando evaluaciones caso por caso basadas en la relevancia hídrica.

La idea -dice Guzmán- no es bajar estándares ambientales, sino hacerlos más claros y operativos, algo que podría acelerar proyectos sin comprometer la protección del agua.

Del otro lado de la cordillera, advierte, Chile no tiene una ley específica de glaciares, sino un mosaico de normas que muchas veces terminan en interpretaciones cambiantes, judicialización y debates legislativos que se repiten una y otra vez. En otras palabras: reglas difusas que complican inversiones.

El mensaje final del consultor fue directo al Congreso chileno: reabrir el debate, proteger el patrimonio hídrico, pero también destrabar proyectos cuando no exista impacto relevante.

Qué pasa con la ley de glaciares en Argentina

Después de la media en sanción en Senadores a la adecuación de la ley de Glaciares, en la Cámara de Diputados se acordó realizar dos audiencias públicas federales en este marzo, por lo que el tratamiento en el recinto se trasladaría a abril, prolongando la discusión política y comunicacional en torno a la nueva normativa.

Tal como indicó el consultor senior en minería Rolando Dávila, una nueva ley de Glaciares basada en la mejor evidencia disponible y gestionada con trazabilidad, transparencia y buena comunicación no es una concesión a la minería, sino la condición para que la protección del agua y el desarrollo de proyectos de cobre y otros minerales puedan convivir en el tiempo.

"La oportunidad de este cambio normativo es dejar atrás una discusión de consignas y pasar a un esquema con información pública clara, diálogo temprano con las comunidades y compromisos ambientales que se puedan controlar", señaló Dávila.

Y agregó que en el caso de la minería, la clave es marcar un rumbo propio, apoyado en datos y buenas prácticas, que no deje el debate capturado por slogans ambientalistas ni por discursos antiminería simplificados; si el sector no ocupa ese espacio con información y compromisos concretos, otros lo harán con relatos que poco tienen que ver con la realidad de los proyectos.

Mientras Argentina intenta ordenar su marco regulatorio para atraer inversiones mineras, en Chile algunos ya empiezan a preguntarse si no llegó la hora de escribir su propia ley de glaciares, y dejar de discutir siempre lo mismo.

Los argumentos principales de la adecuación de la ley de Glaciares

Según se indica en el documento al que accedió Energy Report, estos argumentos buscan garantizar la protección y uso sostenible de los glaciares y las geoformas periglaciares (antes decía ambiente periglacial), en línea con la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente.

• Protección de los glaciares y el ambiente periglacial: La ley establece los presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Esto incluye su uso para consumo humano, agricultura, protección de la biodiversidad, investigación científica y turismo.

• Bienes de carácter público: Los glaciares son considerados bienes públicos, y su protección debe ser compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que promueve el uso racional de los recursos naturales para satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

• Inventario Nacional de Glaciares: Se crea un inventario para identificar y monitorear los glaciares y geoformas periglaciales en el territorio nacional, con el objetivo de garantizar su protección y control. Este inventario será obligatorio para las autoridades competentes.

• Principio precautorio: Todos los glaciares y geoformas periglaciales incluidos en el inventario serán protegidos hasta que se verifique, mediante estudios técnico-científicos, que no cumplen con las funciones hídricas mencionadas en el artículo 1°.

• Actividades prohibidas: Se prohíben actividades que puedan alterar de manera relevante la condición natural o las funciones hídricas de los glaciares y el ambiente periglacial, como la liberación de contaminantes, construcción de infraestructura no esencial, exploración y explotación minera e hidrocarburífera, e instalación de industrias.

• Evaluaciones ambientales: Todas las actividades proyectadas en los glaciares y el ambiente periglacial deben someterse a evaluaciones de impacto ambiental previas, con posibilidad de evaluación ambiental estratégica según el grado de intervención. Se garantiza la participación ciudadana en este proceso.

• Autoridades competentes: Cada jurisdicción determinará su autoridad competente para identificar y notificar sobre los glaciares y geoformas periglaciales en su territorio, colaborando con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para actualizar el inventario.