La mina de oro Gualcamayo, en la provincia de San Juan, empezó a escribir un nuevo capítulo: Minas Argentinas S.A. logró la aprobación de la séptima actualización de su Informe de Impacto Ambiental (IIA), incorporando las labores necesarias para avanzar con el ambicioso proyecto Carbonatos Profundos (DCP, o Deep Carbonates Project). Esta decisión es fundamental para ampliar la vida útil del yacimiento y asegurar la viabilidad de la transición a roca sulfurosa, bajo un esquema que podría extender la producción por al menos 17 a 20 años.
Gualcamayo: aprobaron nuevo informe ambiental y extienden a 20 años la vida últil de la mina de oro
Minas Argentinas S.A. logró la aprobación de la séptima actualización de su Informe de Impacto Ambiental (IIA), incorporando las labores necesarias para avanzar con el proyecto Carbonatos Profundos.
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La aprobación del IIA se hizo bajo la nueva normativa dictada por el Decreto 7-2024 del Ministerio de Minería sanjuanino, y demandó seis meses de gestión, el plazo establecido en la norma.
Con esta autorización, Minas Argentinas formaliza su intención de incorporar las actividades proyectadas para Gualcamayo dentro del marco ambiental, incluyendo diseños de túneles, rampas subterráneas y optimización de las instalaciones existentes. La operación original fue autorizada en 2007, y desde entonces se han presentado actualizaciones bianuales; esta séptima versión incluye las tres anteriores (quinta, sexta y séptima).
"Mina Gualcamayo es una nueva forma de hacer minería", dijo Ricardo Martínez, director ejecutivo de la firma, tras participar de Ámbito Debate.
“En San Juan estamos haciendo el nuevo Gualcamayo, eso es una nueva forma de hacer minería, porque desde lo exploratorio ¿dónde buscás oro o minerales?, justamente donde hay minerales, seguís un círculo virtuoso que genera una mina que estaba por cerrarse y que se reinaugura se re estudia y puede seguir ofreciendo como estamos proyectando la prefactibilidad de un proyecto para 20 años más”, detalló Martínez.
El proyecto Carbonatos Profundos y su magnitud técnica
El Proyecto Carbonatos Profundos apunta a explotar mineral refractario de oro contenido en roca de sulfuros, diferente del mineral oxidado que históricamente explotó Gualcamayo. Esto exige una nueva planta de procesos industrial con tecnologías de oxidación de presión (POX) para liberar el oro y luego aplicarlo a lixiviación intensiva.
En efecto, el plan considera la construcción de una planta POX a presión, que será la séptima de su tipo en el mundo, junto con una mina subterránea adyacente y un parque solar de ~50 MW para alimentar operaciones.
La estimación de producción apunta a 120.000 onzas de oro anuales, durante 20 años, generando exportaciones equivalentes a unos u$s400 millones por año, según los cálculos divulgados por Minería y ejecutivos de Gualcamayo.
Para lograrlo, la inversión propuesta ronda los u$s665 millones, ajustada desde una versión inicial que contemplaba u$s1.000 millones, tras negociaciones con el Gobierno para adecuarse a los requisitos del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Adicionalmente, el Grupo AISA (controlante de Minas Argentinas) planifica avanzar con un parque solar, una planta de cales y potencialmente un gasoducto de unos 260 km, integrando el proyecto minero con agua y energía local.
A la espera del RIGI
El titular de AISA Group, Juan José Retamero, dijo recientemente a Energy Report que para invertir en Argentina "hay que tener una visión de largo plazo" y aseguró que "no es un país para una operación especulativa". "Las condiciones han mejorado, pero lo imprescindible son reglas claras: seguridad jurídica, disponibilidad de divisas y una carga fiscal competitiva", enfatizó.
En este marco, Retamero aseguró que el proyecto Carbonatos Profundos de Mina Gualcamayo "es un proyecto relevante y complejo" y esperan por el RIGI. "Se está evaluando con rigor. Preferimos un RIGI firme a 30 años y sin riesgos, aunque eso implique demoras", afirmó el empresario español, y añadió: "A mí lo que me interesa es que el RIGI se cumpla durante 30 años. Lo que nosotros necesitamos es un RIGI robusto, que la autoridad haga su trabajo, que sabemos lo está haciendo, y que lo fiscalice en toda su extensión".
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