Descubren que autos de lujo utilizados en videoclips de L-Gante, La Joaqui y la China Suárez eran contrabandeados

En la investigación se constató que los vehículos eran ingresados desde Paraguay por residentes del país vecino, que aducían visitas turísticas a la Argentina.

Los autos eran usados en clips de varios artistas de renombre.

La Aduana (ARCA), la Policía de la Ciudad y el ARCA desbarataron a una banda que contrabandeaba autos de alta gama y luego los alquilaba a artistas como L-Gante, La Joaqui y la China Suárez para sus videos clips.

En las últimas horas se concretaron cinco allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires en el marco de una investigación por la presencia de autos de alta gama, como Mustang y Camaro, que eran ingresados desde Paraguay.

Como resultado de los procedimientos, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados y también fueron secuestrados $30 millones, US$20 mil y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.

Respecto de los vehículos, los cuales están radicados en Paraguay, son dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang cuyos valores ampliamente superan los $100 millones por unidad y también una camioneta Toyota SW4 de matrícula argentina.

Autos exhibidos en videoclips y alquileres para producciones

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el perfil público elevado de los presuntos organizadores del esquema, ambos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los vehículos eran exhibidos en redes sociales y utilizados en videoclips y producciones audiovisuales, incluso junto a artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia "La China" Suárez, además de alquilarse para distintos eventos.

Uno de los detenidos alegaba ser propietario de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante ARCA, un dato que refuerza la hipótesis de una estructura montada para encubrir el origen y uso de los vehículos.

De acuerdo con el artículo 865 del Código Aduanero, el contrabando agravado contempla penas de hasta 10 años de prisión. La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas ni imputaciones adicionales a medida que avance el análisis patrimonial y financiero de los involucrados.