Absuelven a 10 sindicalistas imputados por cortar calles

Diez sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acusados de cortar la avenida General Paz en un piquete en octubre del año pasado, fueron absueltos hoy por la Justicia porteña en un juicio oral y público, que significó un revés para el Gobierno de la Ciudad.

La jueza en lo Contravencional porteña Cristina Nazar resolvió absolver a los diez trabajadores, quienes estaban acusados de interrumpir cinco veces el tránsito en la General Paz, a la altura de Constituyentes, entre los meses de agosto y octubre del año pasado en reclamo de mejoras salariales.

La sentencia se dio a conocer en el juzgado ubicado en Tacuarí al 100, de la Capital Federal, y tras la lectura, los acusados festejaron con otros dirigentes y manifestantes de ATE que concurrieron a escuchar el dictamen.

El juicio oral y público cobró relevancia precisamente por llegar a esta instancia, ya que en su mayoría, este tipo de contravención se resuelve con un acuerdo entre las partes.

Al salir de Tribunales, Francisco Dolman, uno de los delegados del INTI imputados en la causa, denunció una "intencionalidad política del gobierno del (mandatario porteño, Mauricio) Macri" detrás del juicio.

A su vez, los sindicalistas manifestaron que siempre pensaron que la jueza contravencional porteña Cristina Nazar tendría "cierta autonomía con el Gobierno de Macri".

Durante las audiencias, sindicalistas, empleados públicos y militantes se manifestaron frente al juzgado y cortaron el tráfico en la calle Tacuarí al 100, entre Alsina e Irigoyen.

La semana pasada, el fiscal en lo Contravencional Norberto Brotto había solicitado que los diez trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sean condenados a realizar tareas comunitarias durante un plazo de 15 días.

Según el artículo 78 del Código Contravencional, "quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a mil pesos".

"El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento", consigna la norma, de la cual estaban acusados de infringir los manifestantes.

Sin embargo, como los fundamentos del veredicto absolutorio serán dados a conocer el próximo viernes a las 15.00, se desconoce cuáles fueron los motivos esgrimidos por el tribunal.

Concretamente, los trabajadores habrían cortado dos carriles y la colectora de la General Paz, al menos en cinco oportunidades, el 9, 16 y 23 de agosto de 2007, y durante los primeros días de octubre, en reclamo de aumentos salariales, según la acusación.
Las acusaciones a Macri por parte de la central gremial se deben a que la General Paz pertenece a la jurisdicción de la Ciudad y no de la Nación o la Provincia, según detalló a Noticias Argentinas el abogado de ATE, Carlos Zamboni.

"Tanto el fiscal como la jueza, que entendieron en la causa pertenecen a la Justicia porteña, e incluso el Código Contravencional que pretendieron aplicar es el de la Ciudad de Buenos Aires", señaló Zamboni.

Durante el juicio, declararon como testigos varios policías que participaron del operativo de seguridad durante los días de protesta, y también algunos empleados del INTI.