ANSeS: "Alguien abusó de su posición interna y facilitó la información"

El titular de la ANSeS, Sergio Massa, no dudó hoy en señalar como responsable del robo de datos de más de 12 millones de personas, registrado en el organismo, a "alguien que abusó de su posición interna".

"No se trata de un hacker externo, un hacker de afuera, sino que se trataría de alguien que abusó de su posición interna y facilitó la información", definió el funcionario en declaraciones radiales formuladas esta mañana, luego de que trascendiera el robo de datos de más de 12 millones de personas.

Según relató Massa, la investigación comenzó en agosto de 2004 cuando recibió un mail "anónimo" sobre una supuesta fuga de información desde la ANSeS que generó una sumario administrativo.

La investigación permitió que se denunciara el hecho ante la fiscalía federal a cargo de Guillermo Marijuán, quien después de ver las pruebas ordenó una serie de allanamientos.

A partir de las pruebas y los elementos reunidos en los allanamientos, el fiscal Marijuán ordenó que se hiciera de inmediato la denuncia correspondiente.

Massa dijo que los datos fueron vendidos a una empresa de riesgo crediticio, con sede en la provincia de Córdoba, y por lo cual también está siendo investigado su titular.

"Ya se hicieron las separaciones correspondientes y los cambios de claves, como así también modificaciones en los firewall para preservar la privacidad de esta información", dijo Massa.

En esta investigación están involucrados el ex gerente de Control del organismo, Manuel Prieto, y el actual gerente de Control prestacional, Gustavo Xamena, según se publica hoy en un matutino porteño.

Tras estas sospechas Prieto fue separado de su cargo y hoy realiza tareas administrativas en otro sector; sin embargo, Xamena sigue ocupando un cargo jerárquico en el organismo nacional, de acuerdo con lo indicado.

La investigación que ya lleva más de un año está a cargo del juez federal Julio Ercolini, quien citó a los sospechosos bajo el cargo de posible tráfico de información que violaría el artículo 157 del Código Penal que establece penas de hasta dos años de prisión para el "funcionario público que incurriere en este delito".