El gobernador entrerriano, Jorge Busti, encabezó en Washington una ofensiva judicial y política contra la instalación de dos plantas de producción de pasta celulosa que se prevé montar sobre el río Uruguay.
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Busti y el vicegobernador Guillermo Guastavino realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denunciaron que autorizar la instalación de las plantas significaría la "violación de derechos fundamentales", por la contaminación que provocarían.
Ambos se presentaron como "ciudadanos" ante la CIDH y allí interpusieron una "medida cautelar" para que los funcionarios de la Comisión viajen a Gualeguaychú para que vean "la gravedad de la situación que se está provocando con la construcción de estas plantas", indicó Busti.
El gobernador señaló, en declaraciones radiales formuladas esta mañana, que si se ponen en marcha las papeleras se estará violando el "derecho a la vida y los derechos del niño", afectando a unas "300 mil personas".
Busti también llevó su reclamo ante la ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, Meg Taylor.
Ante la funcionaria del organismo internacional -que financia los proyectos de las papeleras-, el gobernador presentó "38 mil firmas" de ciudadanos de Gualeguaychú oponiéndose a la instalación de las fábricas, según destacó.
En este marco, Busti confirmó esta mañana que también presentará su reclamo ante organizaciones no gubernamentales en Washington, así como ante funcionarios de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, del Banco Mundial y del Senado norteamericano.
"Si Uruguay tiene la decisión soberana de hacerlo, que lo haga, pero que no nos perjudique a nosotros", subrayó el mandatario justicialista, en relación a la instalación de las papeleras.
En cuanto a la posición del Gobierno nacional sobre la misión a Washington que encabeza, Busti señaló que "antes" de viajar dialogó con el presidente Néstor Kirchner y que envió una "nota formal al canciller Rafael Bielsa diciéndole si venir acá y estar haciendo esto perjudicaba la política exterior de la Argentina".
El gobernador señaló que la Cancillería respondió que "dentro del marco del derecho y de la legalidad internacional" avalaban la actuación.
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