La Corte Suprema de Justicia rechazó la extracción compulsiva de sangre como medio para determinar la identidad de personas, de acuerdo con lo resuelto en un causa por la presunta apropiación de dos hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.
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En cambio, el alto tribunal avaló los allanamientos realizados a los domicilios de presuntos hijos de desaparecidos, con el fin de secuestrar ropa íntima, cepillos de dientes, peines u otros elementos para extraer el patrón genético que permita comprobar su verdadera filiación.
De esta manera, en el acuerdo, los jueces solo rechazaron la posibilidad de obtener rasgos genéticos a través de la extracción compulsiva de sangre.
El máximo tribunal tomó la decisión al revocar una medida adoptada por la jueza María Servini de Cubría -ratificada por la Cámara Federal porteña-, que había ordenado la extracción compulsiva de muestras de sangre a Emiliano Matías Prieto y Guillermo Gabriel Prieto, dos presuntos hijos de desaparecidos.
Ambos figuran como hijos del ex suboficial de la marina Guillermo Antonio Prieto y Emma Elidia Gualtieri Rugnone, aunque se intenta determinar si en realidad son hijos biológicos de distintas madres desaparecidas durante la última dictadura.
La denuncia inicial la había realizado la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y ahora quedó firme la decisión de poder allanar el domicilio de los presuntos hijos de desaparecidos para obtener restos de material genético de distintos elementos.
En el caso concreto sobre el cual resolvió la Corte, los elementos para poder obtener restos de ADN son cepillos de dientes y peines que habrían utilizado ambos jóvenes.
Si bien la resolución de la Corte sólo tiene alcance sobre los hermanos Prieto, la decisión deja la puerta abierta a otros nuevos casos que lleguen a dicha instancia o bien a tribunales inferiores que aplican la doctrina fijada por el Tribunal.
El fallo fue suscripto por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay.
En los últimos años, también se conoció el caso de la joven Evelyn Vázquez Ferrá, quien se niega a que le realicen estudios de sangre para determinar su identidad.
En 2003, la Corte, con otros integrantes, había considerado que "el Estado no puede obligar a la víctima presuntamente apropiada mayor de edad a dar su sangre para conocer su verdadera identidad y utilizar ese dato para incriminar a sus supuestos apropiadores".
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