La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, presentó este lunes junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, los resultados de una investigación que permitió desarticular una organización criminal dedicada a la extorsión digital, que operaba desde el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. La banda fue bautizada como la “PYME del delito” por el nivel de organización y división de tareas que había desarrollado.
9 de febrero 2026 - 15:49
Desbaratan una banda que operaba con perfiles falsos en apps de citas
La organización operaba desde el sistema penitenciario bonaerense y simulaba denuncias penales para exigir transferencias de dinero. Hay siete detenidos. El caso se inició tras la muerte de un soldado voluntario del Ejército.
-
Megaoperativo en Villa Fiorito: cayó una banda de motochorros con 26 detenidos
-
Momento de tensión en Puerto Madero: rescataron a una mujer que se arrojó al río
Alejandra Monteoliva, Manuel Adorni y Sandra Arroyo Salgado presentaron los resultados de la investigación que desarticuló una banda criminal de extorsión digital que operaba desde el sistema Penitenciario de PBA.
Según se informó oficialmente, la red captaba a sus víctimas a través de perfiles falsos en aplicaciones de citas y luego las extorsionaba mediante amenazas de denuncias penales simuladas, haciéndose pasar por funcionarios policiales. Las exigencias incluían transferencias de dinero a billeteras virtuales registradas a nombre de terceros.
La investigación se inició tras el hallazgo sin vida, el 16 de diciembre de 2025, de Rodrigo Andrés Gómez, soldado voluntario del Ejército Argentino que cumplía funciones de vigilancia en la Quinta Presidencial de Olivos. En el lugar se secuestró su teléfono celular y una carta manuscrita en la que mencionaba problemas económicos vinculados a presuntos “policías corruptos” que lo extorsionaban.
La banda operaba desde el sistema penitenciario bonaerense y simulaba causas penales para exigir transferencias de dinero
A partir del análisis del dispositivo y de las primeras medidas judiciales, se dispusieron escuchas telefónicas que permitieron reconstruir la operatoria de la organización. De acuerdo con el expediente, los integrantes utilizaban un perfil falso de una supuesta menor de edad en la aplicación “EVERMATCH” para iniciar conversaciones con las víctimas. Luego, simulaban intervenciones policiales y advertían sobre la apertura de causas penales, a cambio de pagos para evitar consecuencias judiciales.
Durante la presentación, Monteoliva remarcó que una de las claves del caso surgió de la carta encontrada en el lugar del hecho. “Muchas veces, ante un suicidio y una nota de despedida, se cierra el caso. Y muchas veces cerrar el caso es tapar otras realidades”, sostuvo, y explicó que la mención a una aplicación de citas permitió identificar el patrón delictivo.
La pesquisa incluyó 55 días de escuchas telefónicas sobre ocho líneas y tres IMEI intervenidos, material que fue incorporado al expediente y resultó determinante para avanzar con los allanamientos y detenciones. La maniobra detectada coincidía con la sufrida por Gómez y permitió identificar a otras víctimas, que fueron contactadas por el Juzgado interviniente.
Usaban perfiles falsos en aplicaciones de citas y amenazas de denuncias para extorsionar a sus víctimas
En el marco del operativo se realizaron allanamientos simultáneos en domicilios de Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande, además de procedimientos en la Unidad Carcelaria N.º 36 de Magdalena. Como resultado, fueron detenidas siete personas. Según la información oficial, los presuntos cabecillas de la organización fueron identificados como TMF y MJDA, con KMS como integrante, mientras que IAS, KYC, CAM y EYT cumplían funciones de recaudación.
Adorni puso el foco en el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios y advirtió: “Un celular en la mano es, efectivamente, permitirle tener un arma en una celda”. Y agregó: “No se les puede permitir tener una pyme del delito adentro de la cárcel”.
Por su parte, Arroyo Salgado destacó el trabajo coordinado entre la Justicia Federal de San Isidro y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina. “Hoy el Estado argentino puede decir, con firmeza y con sustento, que esta muerte violenta no fue un hecho inexplicable y no quedará impune”, afirmó. Además, subrayó que el objetivo de la difusión pública del caso es prevenir nuevas víctimas y alertar sobre una modalidad delictiva que se repite.
Dejá tu comentario