Efedrina: desactivan un artefacto explosivo que estaba dirigido al juez Faggionato Márquez

Una bomba elaborada con trotyl que estaba destinada al juez federal de Campana Federico Faggionato Márquez, quien investiga la ruta de la efedrina, fue detonada por expertos en explosivos en la puerta de la casa de una fiscal del mismo fuero y provocó graves daños, informaron fuentes policiales.

"En Belgrano 225 hay una bolsa para el juez Faggionato Márquez", dijo una mujer que llamó al servicio de emergencias 911 a las 11, lo cual generó una rápida movilización de efectivos de la comisaría de Campana hacia el lugar, junto con la Brigada de Explosivos.

Al llegar a la dirección señalada, la Policía encontró una bolsa negra pequeña con una caja atada con una tela blanca que había sido dejada dentro de un cantero de la vereda de la casa donde vive la ex jueza y fiscal subrogante de Campana, Marisa De Virgilio.

Ante la sospecha de que se trataba de un explosivo, se colocó una tolva en el medio de la calle para hacer detonar la caja en forma controlada y se produjo un estallido de gran magnitud que hizo reventar al propio contenedor blindado y provocó daños en la mampostería y luces de la casa de la fiscal y otras linderas.

Faggionato Márquez explicó que la propiedad donde fue dejada la bomba es de la actual fiscal federal suplente de Campana, quien a su vez subrogó su juzgado antes de ser designado en el cargo, por lo que especuló que "capaz que alguien se equivocó" y pensó que ése era su domicilio.

Para tratar de obtener alguna pista sobre quién colocó el explosivo, el juez dijo que se tomará declaración a los vecinos, se pedirán las últimas llamadas recibidas en el 911 y se buscará si en la cuadra hay alguna cámara de seguridad que pueda haber grabado algún movimiento extraño en la casa de la fiscal.

El magistrado recordó que ya recibió varias amenazas con "características criminales", entre las que mencionó intimidaciones telefónicas contra su esposa, su hermana y la tentativa de secuestro de su hijo de 17 años, ocurrido a mediados del año pasado.

"El daño que causan al entorno familiar es grave, la familia sufre mucho porque tiene
miedo por uno", sostuvo.

"Yo hace cuatro años que vengo siendo perseguido y amenazado. Hay diferentes formas de
amedrentar al juez o intentar amedrentarlo y estas formas vienen inclusive de antes de la 'ruta de la efedrina', también por otras razones", afirmó el juez.

Al respecto, recordó que luego de investigaciones realizadas por su juzgado se desbarataron organizaciones de narcotráfico importantes y que, en lo que va del año, lleva secuestradas cinco toneladas de marihuana y 500 kilos de cocaína.

Consultado sobre si el atentado podría estar vinculado con la gran cantidad de denuncias que tiene en el Consejo de la Magistratura, que lo citó a declarar para después de la feria de enero, Faggionato Márquez insistió en que no cometió ningún delito.

"A mí me inventaron denuncias en el Consejo de la Magistratura. Son todas mentiras, todas persecuciones, todas cuestiones a las que soy ajeno, no tengo nada que ver. Si todo eso fuera cierto, tendría que estar preso", remarcó el magistrado.

"Detrás de eso lo amenazan a uno, lo intimidan, lo persiguen, es evidente que la acción del juez no gusta", agregó.

Faggionato Marquez está acusado en el Consejo de numerosas irregularidades, pero hasta ahora había logrado postergar su citación porque lleva adelante la causa en la que se investiga la llamada "ruta de la efedrina", a su vez vinculada con el triple crimen de General Rodríguez.

El magistrado tiene denuncias por haberse quedado presuntamente con la cosecha de un campo de soja, exigido dinero a empresas para no investigarlas y enriquecerse en forma ilícita.

También, se lo acusa de cobrar comisiones para favorecer con resoluciones a personas con depósitos en el corralito, no investigar a piratas del asfalto que actuaban con la connivencia de policías, plantar pruebas falsas en un expediente, separar de sus cargos a defensores y actuar sin requerimiento fiscal.

La última denuncia es en referencia a supuestas irregularidades cometidas en un allanamiento ordenado por su juzgado a un depósito de San Miguel, donde se secuestraron más de 750 kilos de cocaína.