Frustrado operativo de desalojo en Bajo Flores

Efectivos de Gerndarmería Nacional en el Bajo Flores.

La Justicia porteña accedió a suspender el desalojo de un asentamiento en el Bajo Flores, luego de que las autoridades nacionales y porteñas volvieran a mostrar públicamente sus diferencias en torno a la recurrente problemática de la usurpación del espacio público.

La determinación judicial llegó al cabo de una jornada de tensión en la que decenas de efectivos de la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal llegaron a la zona, temprano por la mañana, tras la emisión de una orden judicial para desalojar el asentamiento conocido como "La Veredita".

La orden de desalojo fue emitida por la jueza en lo Penal y Contravencional porteña Claudia Alvaro, para que se liberen de ocupantes las veredas contiguas a predios pertenecientes al Colegio Marianista y al club Argentinos Juniors, entre otros.

Sin embargo, los ocupantes, que instalaron precarias casillas en las veredas del sector comprendido entre las avenidas Castañares y Riestra y las calles Portela y Lafuente, permanecían esta tarde en el lugar ante la pasiva presencia de las fuerzas de seguridad.

"Es evidente que hay un incumplimiento nuevamente de la orden judicial", dijo la ministra de Desarrollo Social porteña, María Eugenia Vidal.

La funcionaria recordó que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, dijo que "si las familias no quieren irse, la Policía no va a actuar" y que según se volvió a ver esas directivas una vez más fueron acatadas.

El fallo de la jueza había sido emitido en febrero pasado, pero fue apelado por el Gobierno, hasta que hace pocos días lo ratificó la Cámara de Apelaciones en lo Penal I porteña, por lo que la magistrada volvió a emitir la misma orden dirigida a la Gendarmería y la Policía.

Los ocupantes exigen la posibilidad de acceder a una vivienda para abandonar el espacio usurpado. Al respecto, la ministra de Desarrollo Social porteña adelantó que aquellas familias que "no tengan donde ir, la Ciudad le ofrecerá la red de refugios y hogares".

"En aquellos casos que cumplan los requisitos necesarios, les daremos lo que llamamos la cuota de emergencia de 700 pesos para que puedan alquilar la habitación de un hotel o una pensión durante un primer mes, mientras vemos de insertarlos en otros programas", indicó.

De todas maneras, la funcionaria advirtió que la posibilidad de alojar a los ocupantes en un centro de refugio de la Ciudad no significa "de ninguna manera se les otorgará una vivienda definitiva".

A primera hora del día, un grupo de 160 efectivos, entre integrantes de Gendarmería Nacional y Policía Federal si hicieron presentes en el lugar para cumplir con la orden judicial de desalojo.

Durante la tarde, los efectivos de ambas fuerzas permanecían en el lugar a la espera de nuevas directivas y con escasa presencia visible, ya que permanecían en sus respectivos vehículos de traslado.