El Gobierno porteño postergó la demolición de la ex Cárcel de Caseros, en el barrio Parque Patricios, tras una decisión judicial que impone la realización de una audiencia pública sobre el impacto ambiental que causaría en la zona esa tarea. Recién en diciembre se realizaría esa reunión. El sindicato estatal ATE, que viene realizando paros en distintas dependencias contra el gobierno de Aníbal Ibarra, había presentado un recurso que frenó la iniciativa.
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La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, confirmó el fallo de primera instancia de la jueza Lidia Lago, que consideró que el Gobierno viola la ley de impacto ambiental porque se omite la audiencia.
El secretario de Infraestructura porteño, Roberto Felletti, confirmó que se «va a realizar la audiencia pública para la tranquilidad de los vecinos», pero indicó que « eso atrasa la demolición». El método con el que se desmontará la cárcel es con explosivos por etapas, en lugar de la demolición a pico que reclaman algunas organizaciones y vecinos. El funcionario explicó que « a pico y pala, eso es polvo durante varios años, acá se eligió la demolición en tres etapas justamente porque un momento solo hay una nube de polvo, se controla eso y se termina eso en tres etapas». Además Feletti enumeró que «se ha entrevistado vecino por vecino en las zonas que están más próximas a las cárcel».
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