Ordenan detener a ex cúpula de comisaría que protegía delincuentes y se entregan siete policías

La Cámara del Crimen ordenó la detención del ex titular de comisaría 49 porteña José Antonio Carranza y de ocho ex integrantes de la cúpula de esa seccional, procesados por cohecho y asociación ilícita, acusados de proteger a ladronas que operaban en la zona de Parque Saavedra.

Siete de los policías se entregaron con sus abogados particulares en la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal y quedaron a disposición del juez de instrucción porteño Carlos Bruniard.

Según informó la oficina de prensa de la Policía Federal se espera que hagan lo mismo los dos efectivos restantes, quienes al igual que el resto están separados de sus cargos.

Fuentes judiciales informaron que la detención fue ordenada por la Sala IV de la Cámara que procesó a los nueve ex integrantes de la comisaría y al ex titular de la seccional.

Los policías fueron denunciados por dos suboficiales que cumplen funciones en esa dependencia, quienes acusaron a sus superiores de cobrar "protección" a comercios y a "mecheras" que actuaban en la zona y exigir "coimas" para permitir la venta ambulante y el estacionamiento.

En una resolución de 26 carillas los camaristas Alberto Seijas, Carlos González y Marcelo Lucini, se hicieron eco de los planteos del fiscal José María Campagnoli, tras una intensa investigación que incluyó, entre otros elementos de prueba, gran cantidad de escuchas telefónicas.

De esos contactos telefónicos se desprende, por ejemplo, que una "mechera" advertía a los policías que iba a ir a hurtar elementos al shopping Dot Baires, para lo cual solicitaba "protección" para evitar ser detenida, a cambio de lo cual ofrecía al comisario "lentes ahumados" que había sustraído poco antes.

Las órdenes de detención alcanzan a Carranza, a los subcomisarios Fernando Echagüe y Horacio Ponce; al sargento Luis Alberto González, al sargento retirado Jorge Andrés Altuna, al oficial subinspector Gabriel Bellusci, al cabo primero Cristian Ochoa, al suboficial escribiente Carlos Alberto Marcos y al oficial subinspector Cristian Pavón.

Los camaristas fundaron su decisión de disponer la captura de los efectivos en que "la libertad de los imputados entorpece el curso de la investigación, comprometiendo la averiguación de la verdad, por lo que la imposición de esa medida cautelar resulta necesaria".

El tribunal de apelaciones los imputa por los delitos de asociación ilícita, cohecho (coimas) y defraudación a la administración pública, ya que también hacían figurar "paradas fantasma", tal como se conoce la maniobra mediante la cual se consigna una tarea que no se cumple.

"Se asentaba en los registros de la seccional la prestación de un servicio de vigilancia general en un punto específico de su radio de acción bajo la modalidad de "servicio prevencional", cuando en realidad ello no era así porque el personal en concreto estaba asignado a otras tareas?, describieron los camaristas.

La variedad de delitos por los que se acusa a los policías incluye la "protección" brindada a comercios a cambio de una "contribución" que iba a sus bolsillos, al igual que "habilitaciones" para instalar puestos callejeros de ventas a cambio de un "canon".

El polirubro de actividades ilícitas (conocido como "corte de boleto") también incluía el cobro de dinero para autorizar a los taxistas a detenerse en la parada sita en el acceso al shopping Dot Baires, así como el pago de dinero a particulares "a cambio de permitirles cobrar estacionamiento a vehículos en un predio cercado en las inmediaciones".