25 de octubre 2004 - 00:00
Secuestros: la nueva orden es cortar el circuito del dinero
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León Arslanian
Sin embargo -aclaran en coincidencia fuentes nacionales y bonaerenses-, cuando se considere que el caso está « empantanado» y se especule que está en serie riesgo la integridad del secuestrado, se permitirá que la negociación avance hasta efectuar el pago.
Pero cuando eso ocurra, el enfoque de los investigadores cambiará y se orientará a impedir que esos recursos sirvan para alimentar una logística delictiva que no se acota a los secuestros, sino que se vincula con el narcotráfico. Es un punto sensible con zonas oscuras. En rigor, un sinnúmero de secuestros ocurridos termina con los implicados tras las rejas, pero difícilmente se logra recuperar el dinero usado en el pago del rescate. Por eso, la obsesión oficial para atacar ese aspecto.
Hay un puñado de presunciones y criterios que los funcionarios nacionales y bonaerenses intentan ordenar.
• Una de las hipótesis más sólidas refiere a que los delincuentes que operan en el Gran Buenos Aires comenzaron a calcar el modelo que utilizan las bandas de Rio Janeiro, Brasil. Allí los secuestros se usan para financiar negocios vinculados al narcotráfico. El cobro de un rescate oneroso -como el que pedían en el casi Nine-tendría como destino obtener financiamiento para la compra de estupefacientes. La actuación de Cristian Carro Córdoba, integrante de la banda que raptó a Nine, alienta esa interpretación: se comprobó que Carro Córdoba mantenía vínculos con delincuentes de Paraguay, e incluso de Brasil. Una ruta repetida para los negocios de tráfico de drogas. Es común, además, que entre dos o tres bandas dedicadas al narcotráfico se «asocien» para realizar un secuestro. Así habría ocurrido en el caso Nine.
• El «modelo brasileño» de nexo entre secuestradores y narcos, por ahora sólo incipiente en el país, exige un mejor y más eficiente desempeño de los organismos de inteligencia. Con Nine funcionó aceitadamente el triángulo operativo entre el Señor 8 de la SIDE, Francisco Larcher; el ministro del Interior, Aníbal Fernández; y el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, que se derramaba luego al gobernador Solá y a Kirchner. No fue casual, por caso, el discurso que el jueves dejó el Presidente en Tres de Febrero cuando, como nunca antes, se puso al frente de la lucha contra la inseguridad. Por entonces, ya había datos sobre el paradero de Nine. Entre Larcher, Fernández y Arslanian hubo contactos permanentes hasta horas antes del desenlace. Para todos -incluso Solá, que permaneció hasta tarde en su residencia de La Plata-se alargó la medianoche del viernes. A pesar de que en La Plata ven a la SIDE con cierto recelo porque «no siempre comparte la información que maneja», esta vez se logró una actuación ágil e integral, aunque el rastrillaje fino lo efectuó Inteligencia de la Policía Bonaerense, detalle que Arslanian podría dar hoy a la prensa para revalidar la actuación de los uniformados provinciales. Al margen, el desempeño del fiscal federal Holdano Rodríguez fue elogiado por igual por los funcionarios nacionales y bonaerenses. De hecho, fue Rodríguez quien le avisó al ministro Fernández sobre la liberación de Nine para que éste lo informe a Kirchner, por esas horas, instalado en la quinta de Olivos. En tanto, Solá -que luego habló con Nine y Kirchner-se enteró por un llamado que le realizó Arslanian.
• El trabajo de inteligencia, que funcionó gracias a que se terminaron -siquiera temporalmentelas distorsiones y chispazos entre Kirchner y Solá, sirve además -dicen los funcionarioscomo mensaje hacia las bandas delictivas de que el Estado profundizará la estrategia de impedir el cobro del rescate. Pero, para eso, también es necesario mejorar el nivel de credibilidad social para que todos los secuestros sean denunciados. Eso apunta a bajar la cifra negra. Hubo un avance: la semana pasada, ante Kirchner, Blumberg, que siempre maneja 50% o 70% más de hechos que los que se registran oficialmente, se comprometió a derivar a la Secretaría de Seguridad los casos que les acercan y que no son denunciados ante la Policía o la Justicia.




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