Vecinos de la Villa 31 protestaron por posible demolición de construcciones y Macri aclaró que sólo se hará con consentimiento

Macri anunció que "no está prevista ninguna demolición parcial o total sin el consentimiento de los habitantes del lugar"

Vecinos de la Villa 31 se pusieron en pie de guerra y cortaron por algunos minutos el acceso a la Terminal de ómnibus de Retiro hasta que el Gobierno porteño garantizó que no ordenará demoliciones en el asentamiento sin el consentimiento de los habitantes.

El Gobierno de Mauricio Macri había adelantado su intención de demoler unas 50 construcciones con deficiencias en ese barrio de emergencia, pero ante la reacción de los pobladores aclaró que esos procedimientos se realizarán en acuerdo con los vecinos.

Previamente, los habitantes de la Villa 31 se habían trasladado hasta la terminal de ómnibus, donde bloquearon por algunos minutos el principal acceso y amenazaron con repetir la medida por la tarde.

Entonces, la administración de Mauricio Macri anunció que "no está prevista ninguna demolición parcial o total sin el consentimiento de los habitantes del lugar" y los vecinos decidieron levantar la protesta durante una asamblea.

Los referentes vecinales afirmaron que se encuentran "tranquilos" con el anuncio oficial, pero advirtieron que de repetirse la amenaza de avanzar por fuera del último acuerdo firmado en diciembre pasado volverán a realizar cortes de calle.

"Que se queden tranquilo que no va a haber demoliciones. Pero si no es así, vamos a salir y vamos a cortar para que sepan que la Villa 31 está viva y no nos vamos a dejar manosear por nadie", dijo Héctor "Chacho" Mendoza.

El vocero de la asamblea reclamó que "baje un ministro en esta semana o la próxima" al barrio para que les "explique y aclare" las medidas que llevarán a cabo.

"Con estas acciones dejamos claro que la Villa 31 está viva y no nos vamos a dejar manosear por nadie. Acá el Gobierno se tiene que hacer cargo del problema de urbanización y dar respuesta sin decir que no tienen presupuesto", disparó Mendoza.

Ante este escenario, el Gobierno porteño debió aclarar que no iba a demoler casas sin consensos con los vecinos, y de este modo dejó sin efecto el conflicto en escala.

"No está prevista ninguna demolición parcial o total sin el consentimiento de los habitantes del lugar", señaló la ministra de Desarrollo Social porteña, María Eugenia Vidal.

A través de un comunicado, el Gobierno porteño aseguró que "el recupero del espacio público para los vecinos, además de mejorar su calidad de vida, busca ordenar la convivencia dentro del barrio, evitar futuras usurpaciones y poner fin al incremento de construcciones irregulares en altura de alto grado de peligrosidad para sus habitantes, vecinos y peatones".

El Ejecutivo de la Ciudad anunció que "en los próximos días funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público se reunirán con quienes habitan cada una de las cincuenta viviendas irregulares de más de dos plantas (entre tres y seis) que se encuentran en situación más crítica".

"Se convocará también a un perito de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, y si el diagnóstico de los funcionarios de la Ciudad coincide con el de los Bomberos, con el consenso de los vecinos afectados, se procederá al apuntalamiento o refacción y sólo en último caso a la demolición parcial o total", señaló el comunicado.