Massa seduce a CGT con $148 mil millones, pero los gremios desconfían

Se trata de una partida de recursos para las obras sociales que finalmente quedó plasmada en el Presupuesto, pero sin garantías de que irá para ese sector.

CGT

El compromiso de Alberto Fernández y Sergio Massa a la CGT de un auxilio financiero para las obras sociales para el año que viene encontró su correlato en el proyecto de Presupuesto 2023 presentado por el ministro de Economía. Se trata de un desembolso a cargo del Tesoro Nacional por 148 mil millones de pesos, incluso más de lo calculado por los gremialistas por el exceso de gastos en el rubro de discapacidad. La aparición de ese ítem, sin embargo, no terminó de tranquilizar a los sindicalistas: se trata de un fondo disponible en la iniciativa parlamentaria pero que carece de la especificidad en su destino que hubiesen deseado los dirigentes para asegurarse de que contarán con los recursos.

El ítem del proyecto es hasta ahora la mayor certeza ofrecida por el Gobierno a la central obrera en una negociación que arrancó en mayo del año pasado. En esa oportunidad Alberto Fernandez le dijo a la “mesa chica” de la CGT que el Estado cubriría el subidón de gastos de sus obras sociales en concepto de servicios educativos y de transporte a sus afiliados discapacitados. De esa primera promesa, que contemplaba desembolsos por $11.400 millones, el Tesoro finalmente erogó algo más de 6.400 millones de pesos e incumplió con el saldo.

Este año, en tanto, la negociación por el mismo punto tuvo idas y vueltas relacionadas con los cambios en el Gabinete y las crisis políticas del Frente de Todos. De hecho una vez asumido Massa les aseguró a los gremialistas que este año cubriría un desfasaje de 24 mil millones de pesos en cuatro pagos de $6 mil millones cada uno, a partir de septiembre y hasta diciembre. Hasta el jueves último la primera cuota no había sido depositada en las obras sociales del sistema. Esa secuencia de incumplimientos alimenta la desconfianza actual de la CGT respecto de los desembolsos anunciados para 2023. Todas las tratativas recayeron en José Luis Lingeri, secretario general del gremio de Obras Sanitarias y principal referente en la CGT en materia de seguridad social, y en el triunviro Héctor Daer. Ambos convencieron al Jefe de Estado de acudir en ayuda financiera de las obras sociales por el ascenso aritmético de los gastos en discapacidad. Ese rubro, y en particular los servicios no estrictamente médicos de educación y transporte para esos afiliados, pasaron de ser un desembolso marginal a capturar más de la mitad del total del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la principal canilla de circulación de recursos entre el Estado y las prestadoras sindicales.

Para 2023 la CGT había hecho una estimación actuarial según la cual no menos de 100 mil millones de pesos del FSR saldrían con destino al pago de esos servicios para discapacitados. Lingeri y Daer se aseguraron que Alberto Fernández primero, y Massa a continuación, mantuvieran sus promesas y las plasmaran en el Presupuesto 2023. En el capítulo referido a “Obligaciones del Tesoro”, dentro de la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto, se prevé la asignación de créditos “para brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado” así como la atención de “obligaciones emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales”.

Allí figura una promesa de desembolso de 148 mil millones de pesos englobada en la denominación genérica “Salud”. Para hallarla los gremialistas tuvieron que valerse de la guía de Raúl Rigo, el secretario de Hacienda. No obstante, esa partida carece precisiones respecto de su eventual destino y el diputado oficialista Carlos Heller les confesó que no había una definición política respecto de su utilización. La gestión de los recursos signó la relación entre Alberto Fernández, Massa y los sectores más tradicionales de la CGT en los últimos meses. El compromiso de girarles a las obras sociales 24 mil millones de pesos buscó atenuar una inminente cesación de pagos del FSR por agotamiento de sus recursos, en buena medida por el mayor peso de los servicios a discapacitados. En la cúpula de la central le dijeron a este diario que la primera de las cuatro cuotas de $6 mil millones debió ingresar al fondo en septiembre y hasta los primeros días de este mes no había sucedido.