Cochabamba (EFE, AFP, ANSA, Reuters) - La negociación para superar la crisis política y pacificar a Bolivia se enredó ayer con la negativa de los prefectos (gobernadores) opositores a firmar un primer acuerdo general y la insistencia del gobierno para hacerlo de inmediato, denunciando una maniobra dilatoria.
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En el inicio de la cuarta jornada de los diálogos para poner fin a la crisis política que polarizó a Bolivia y dejó al empobrecido país al borde del caos por las violentas protestas que dejaron 30 muertos en las últimas semanas, el gobierno del presidente Evo Morales insistió en la necesidad de firmar un primer acuerdo.
«Mi gran deseo es hoy (por ayer) en la tardeterminar ese diálogo, sobre todo con acuerdos generales que permitan garantizar la autonomía y la nueva Constitución», dijo el mandatario. «El gobierno hace todos los esfuerzos para garantizar la paz y la tranquilidad», agregó Morales en una conferencia de prensa.
El presidente indígena busca lograr acuerdos antes de viajar hoy a Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas.
Por su parte el prefecto de Tarija, Mario Cossío, respondió que se debe dar tiempo al proceso de diálogo cumpliendo los plazos acordados inicialmente, de hasta 30 días, y reveló que el gobierno pretende que el 1 de octubre se convoque al referendo sobre la nueva Constitución. El líder opositor sostuvo que el objetivo es impulsar la aprobación de una nueva carta magna, pero advirtió que se debe esperar que las mesas de diálogo concluyan su trabajo. «Hay un plazo de 30 días para discutir los temas y no creemos que estemos en condiciones para hoy firmar algo que signifique la aprobación a ciegas de un texto constitucional», dijo Cossío. «Quiero ratificar nuestra voluntad de seguir trabajando, lo venimos haciendo sin descanso, para que el diálogo avance y ojalá en los siguientes días podamos concretar este acuerdo nacional», agregó.
En el aspecto económico, la mesa de diálogo acordó ya garantizar la pensión a la vejez que creó el gobierno con fondos generados por el Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos (IDH) que dejó de girar a las provincias y cuyos prefectos reclamaban que se les sean restituidos. Pero, a cambio, éstos impusieron la condición de una mayor prolijidad en el cálculo de esos recursos.
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